El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar a juicio oral y público dos causas penales relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad de Puerto Casado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Las decisiones fueron adoptadas mediante los Autos Interlocutorios N.º 291 y 292, dictados el 15 de septiembre de 2026. Los procesos derivan de investigaciones sobre el supuesto uso irregular de fondos provenientes del FONACIDE y Royalties durante la gestión de la entonces intendenta Yudyth Catalina Ferreira de Medina, fallecida en enero de 2026.
Entre las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público figuran la adjudicación de contratos para la provisión de víveres escolares que no habrían sido entregados en su totalidad, así como el pago por obras de infraestructura educativa inconclusas o no ejecutadas.
Proveedores serán sometidos a juicio oral
A través del A.I. N.º 292, el magistrado admitió la acusación fiscal contra Jorge Bogado Cabrera, titular del Centro Comercial Renacer, y César Esteban Jara Matto, representante de CMBA Constructora.
Ambos están acusados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de cómplices, conforme al artículo 192, incisos 1 y 2, en concordancia con el artículo 31 del Código Penal.
Según la acusación, Bogado Cabrera suscribió contratos por G. 353.900.000 para la provisión de kits de alimentos que no habrían sido entregados a las instituciones educativas beneficiarias. Además, en las actas de recepción se habrían utilizado firmas falsificadas de directores y docentes.
En cuanto a las obras adjudicadas a la empresa de Jara Matto, una pericia técnica habría detectado un perjuicio patrimonial de G. 98.431.940, debido a diferencias entre los montos abonados por la Municipalidad y los trabajos efectivamente ejecutados.
Durante la audiencia preliminar, el juez rechazó los incidentes de extinción de la acción penal y de sobreseimiento definitivo planteados por la defensa de Bogado Cabrera. También dispuso su libertad ambulatoria con restricciones, la prohibición de salir del país y una caución real de G. 100 millones.
Exfuncionarios municipales también irán a juicio
Por medio del A.I. N.º 291, el juzgado resolvió elevar a juicio oral la causa contra los exfuncionarios municipales Kevin De Jesús Centurión Benítez, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Bárbara Analiz Schmied Quintana, exdirectora administrativa; y Diosnel Amílcar Quintana Vázquez, exsecretario general.
De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían integrado un esquema irregular mediante el cual se preparaban expedientes con ofertas idénticas para direccionar adjudicaciones. También se habrían emitido órdenes de pago sin especificar productos ni precios y cobrado cheques librados a nombre de la entonces intendenta.
El perjuicio estimado en el rubro de alimentos asciende a G. 306.853.000, mientras que en obras y reparaciones la diferencia entre lo pagado y lo efectivamente ejecutado alcanzaría G. 139.104.940.
Las defensas solicitaron la suspensión condicional del procedimiento y ofrecieron reparaciones económicas de G. 20 millones por Centurión Benítez, G. 81.138.748 por Schmied Quintana y G. 40 millones por Quintana Vázquez.
El magistrado rechazó las propuestas al considerar que resultarían insuficientes frente a la magnitud del presunto perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Puerto Casado y a las comunidades educativas.
La calificación jurídica provisoria para Centurión Benítez y Schmied Quintana es lesión de confianza en calidad de cómplices. En el caso de Quintana Vázquez, la acusación contempla lesión de confianza, también en calidad de cómplice, y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso.
Remisión al Tribunal de Sentencia
Tras admitir las acusaciones, el Juzgado ordenó remitir las actuaciones, pruebas y actas al Tribunal de Sentencia competente, que tendrá a su cargo la realización del juicio oral y público.
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