Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), explicó que el voto es obligatorio en Paraguay, pero la legislación no contempló un mecanismo efectivo para forzar el pago de la multa a quienes no concurran a votar.
La sanción establecida es de un jornal mínimo, actualmente de Gs. 117.000, para los electores que no cumplan con su deber cívico y no presenten una justificación válida.
Mauro dijo que el TSJE utilizará las planillas de votación para identificar a quienes no concurrieron a las urnas. Con esa información, elaborará una nómina que será publicada en su página web con los nombres, apellidos y números de cédula de los ciudadanos que no votaron.
«Tenemos la planilla votó / no votó. Entonces sacamos la lista de quienes no votaron y eso levantamos en nuestra página web. Vamos a publicar la lista de todos los que no votaron. Y a partir de allí hay que notificarle al afectado», expuso Mauro.
Sin embargo, antes de aplicar la multa, los electores tendrán la posibilidad de justificar su ausencia. Entre las situaciones contempladas figuran una enfermedad, un viaje al exterior o razones laborales que hayan obligado a la persona a encontrarse a más de 50 kilómetros de su lugar de votación. El funcionario del TSJE refirió que si la justificación es considerada válida, el ciudadano quedará exento del pago.
El punto más controvertido aparece después: si una persona decide no pagar la multa, la Justicia Electoral no cuenta con una herramienta legal para obligarla a hacerlo.
Mauro recordó que durante el debate legislativo se habían planteado medidas más restrictivas para quienes incumplieran con el voto, como impedirles renovar su documento de identidad, tramitar el pasaporte o realizar determinadas gestiones tributarias. Esas propuestas fueron finalmente descartadas.
«Si alguien decide no pagar, lamentablemente en la ley no hay un mecanismo para obligarle a pagar. Si vos decidís no pagar, no vas a pagar. Yo no tengo cómo castigarte», explicó el funcionario.
De esta manera, la sanción económica existe, pero su cumplimiento queda limitado por la falta de mecanismos coercitivos previstos en la legislación vigente.
Ante esta situación, el TSJE recurrirá a una medida de carácter público: la publicación de la lista de quienes no votaron.
«Lo que vamos a hacer como una sancipon moral es publicar la lista. Con tu nombre, tu pellido, tu número de cédula y decir: no votaste», señaló Mauro.
El asesor remarcó que la Justicia Electoral debe ajustarse estrictamente a lo establecido por la ley y que no puede imponer sanciones que no estén contempladas en la normativa.
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