La fiscal Sandra Ledesma, encargada del operativo del Ministerio Público, brindó un balance del desarrollo de los comicios municipales que se llevan a cabo en la fecha, destacando la intervención en casos de adulteración de documentos, soborno al elector y violación de propaganda electoral.
Pese a retrasos puntuales en localidades como, Caacupé, Concepción y Belén, el organismo confirmó que la totalidad de las mesas de votación del país lograron constituirse con éxito.
Ledesma, confirmó que hasta el momento, hay cuatro personas aprehendidas por diversos delitos. Dijo que un ciudadano fue detenido tras intentar acreditarse con una resolución o carnet falsificado que atribuía indebidamente a la Justicia Electoral.
Además, se concretó la detención de un implicado en la compra directa o coerción de votos.
Igualmente, Ledesma informó que bajo la intervención de la fiscal Vivian Coronel, se ordenó la detención de una persona que realizaba proselitismo en la zona restringida y se rehusó a abandonar el lugar.
Ledesma aclaró que los mayores incidentes de la mañana se relacionaron con disputas políticas en la conformación de mesas debido a la llegada tardía o ausencia de representantes de ciertos partidos, lo cual obligó a aplicar los mecanismos supletorios contemplados en el Código Electoral.
A través del centro de monitoreo de redes sociales, la Fiscalía remitió datos en tiempo real a la Policía Nacional para despejar áreas cercanas a los locales de votación donde se instalan carpas o se exhibe propaganda ilegal dentro de la franja de 200 metros.
Asimismo, la fiscal Ledesma confirmó la resolución de denuncias previas, como la presencia de cámaras de circuito cerrado orientadas hacia las máquinas de votación en Pedro Juan Caballero, las cuales fueron intervenidas y corregidas.
Con respecto a las alertas sobre asistencialismo o voto asistido irregular, se precisó que la Policía instruyó a los votantes sobre el uso pedagógico de la máquinas de práctica disponibles en las entradas de los locales de votación.
Por último, la fiscal Ledesma recordó que la inducción del voto, el soborno o la falsificación de acreditaciones conllevan una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 5 años.
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