El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, brindó aclaraciones clave sobre el marco legal y de atribuciones de la institución ante los cuestionamientos por el voto asistido y las fallas en el resguardo del secreto del sufragio detectadas en distritos como Ypané durante el desarrollo de las Elecciones Municipales.
Ljubetic subrayó que los miembros de mesa constituyen la máxima autoridad dentro del recinto donde actúan y no reciben órdenes directas de ningún órgano superior para admitir o rechazar el voto de un ciudadano. Explicó que si las autoridades de mesa autorizan a un elector a ingresar acompañado al cuarto oscuro, la decisión queda bajo su responsabilidad legal, aun cuando no existan causales justificadas.
Al ser consultado sobre la situación registrada en la ciudad de Ypané —donde se observó la disposición de máquinas de votación en filas y a la vista del público dentro de un tinglado—, el director del TSJE descartó la posibilidad de anular las votaciones de la localidad. Sostuvo que el manual electoral exige resguardar el secreto del sufragio, pero enfatizó que la votación no debió haber comenzado sin que los apoderados o electores exigieran la correcta colocación de los equipos, recordando el principio jurídico de que nadie puede argumentar la nulidad de un acto que consintió.
Con respecto al procesamiento de las irregularidades, el referente institucional aclaró que el TSJE no atiende ni recepciona denuncias por delitos electorales, ya que esa tarea le compete de forma exclusiva al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Añadió que eventuales impugnaciones en las actas deberán ser analizadas en la etapa posterior por los jueces electorales competentes.
Finalmente, Ljubetic lamentó la falta de tratamiento parlamentario a los proyectos de modificación integral presentados por la Justicia Electoral para cambiar 168 artículos del Código Electoral. Indicó que la primera propuesta fue elevada hace 14 años y una actualización posterior hace cuatro años, advirtiendo que el Congreso prefiere realizar parches coyunturales que no resuelven los problemas sistémicos de la organización comicial.
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