El juzgado en lo Civil y Comercial de la Capital confirmó la estimación de la garantía constitucional de amparo promovida por el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, de 83 años de edad. La disposición ratifica una medida de urgencia dictada previamente el 25 de septiembre e intima al Instituto de Previsión Social a suministrar el dispositivo médico denominado válvula aórtica transcatéter Sapien 3 Ultra Resilia N.º 23, además de gestionar la cirugía correspondiente en el servicio de Cardiología del Hospital Central.
La acción fue impulsada alegando la calidad de asegurado jubilado del exmiembro del máximo tribunal y la presencia de un diagnóstico de estenosis aórtica severa, falla en prótesis previa y disminución de la función cardíaca con riesgo de vida. Según los antecedentes consignados en el expediente, un especialista del Sanatorio Migone prescribió la intervención el pasado 23 de septiembre, mientras que la jefatura de Cardiología Intervencionista del propio IPS emitió el formulario para insumos no incluidos en el vademécum básico.
Durante la sustanciación del proceso, la representación jurídica del IPS solicitó el rechazo de la medida argumentando la falta de agotamiento de la vía administrativa, el elevado costo económico de la prótesis y la imposibilidad de realizar compras directas por fuera de los mecanismos previstos en la Ley N.º 7021/22 de Suministros Públicos. Asimismo, la previsional informó que las licitaciones para el rubro se encontraban bajo proceso de reevaluación técnica y presupuestaria.
Al analizar los elementos presentados, el juez Édgar Rivas Laguardia concluyó que los procesos de contratación pública constituyen instrumentos de organización interna de las instituciones que no pueden anteponerse al derecho constitucional a la vida y la salud. El magistrado añadió que la falta de políticas de previsión por parte de la entidad no puede derivar en la desatención de las necesidades médicas complejas de los cotizantes.
En el ámbito penal, Miguel Óscar Bajac cuenta con una condena firme a tres años de privación de libertad por cohecho pasivo agravado, tras probarse en juicio oral que solicitó una coima de USD 50.000 para emitir un voto favorable en un caso judicial dictaminado en 2017. La orden de detención librada por la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer continúa vigente, dado que el condenado no se ha puesto a disposición de las autoridades.
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