La Corte Suprema de Justicia determinó que el exparlamentario Tomás Fidelino Rivas Benítez deberá someterse a un nuevo juicio oral y público. La Sala Penal del alto tribunal admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el agente fiscal Luis Piñánez, anulando de esta manera las resoluciones del Tribunal de Apelación del 2 de diciembre de 2025 y del Tribunal de Sentencia del 23 de abril de 2024 que habían extinguido la persecución penal del imputado.
El fallo, suscripto por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, concluyó que las instancias anteriores aplicaron de forma errónea el artículo 25, numeral 10, del Código Procesal Penal, que prevé la extinción por reparación del daño. Los magistrados señalaron que, al tratarse de un hecho cometido por un funcionario electo en ejercicio de sus funciones y en perjuicio de las arcas públicas, la extinción de la causa requería necesariamente el consentimiento expreso del Ministerio Público, requisito que no se cumplió en el proceso.
Asimismo, el ministro preopinante Ramírez Candia argumentó que la conducta atribuida a Rivas no se limita al ámbito de la estafa, sino que también se encuadra en el supuesto delito de cobro indebido de honorarios, tipificado en el artículo 313 del Código Penal. Dado que esta última transgresión afecta al correcto funcionamiento de la administración pública y no constituye un delito de naturaleza meramente patrimonial, la ley impide declarar la extinción del proceso mediante acuerdos de reparación económica con el Estado.
La acusación del Ministerio Público sostiene que el entonces legislador Tomás Rivas utilizó recursos presupuestarios de la Cámara de Diputados para el pago de salarios de tres empleados de su entorno particular, identificados como Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. Las investigaciones confirmaron que los afectados no prestaban servicios en la sede del Congreso Nacional, a pesar de lo cual se registraba la certificación de sus planillas de asistencia con la firma y el aval del entonces diputado.
Tras la anulación de los fallos que daban por cerrado el caso por segunda vez en los últimos años, el expediente de los denominados «caseros de oro» será reenviado para la conformación de un nuevo Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo la realización de un tercer juicio. Mientras tanto, Rivas Benítez, quien actualmente se desempeña como intendente de la ciudad de Ybycuí, continuará sujeto al proceso penal hasta que se determine su eventual responsabilidad en los hechos.
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