Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público capturaron este jueves a Raúl Antonio Fernández Lippmann (45), exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y excolaborador del fallecido exsenador Óscar González Daher, quien se encontraba prófugo de la Justicia tras ser condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El procedimiento se realizó alrededor de las 05:40, en una vivienda ubicada en el barrio Loma Pyta de Asunción, sobre las calles Sargento Primero Tomás Lombardo y Doctor Garay. El allanamiento estuvo encabezado por la fiscal Alejandra Montero, con apoyo del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
La captura se concretó en el marco de la Operación Temis, luego de aproximadamente siete meses de trabajos de inteligencia, vigilancia e investigación realizados por el Departamento de Búsqueda de Prófugos, dependiente de la Dirección contra el Secuestro y el Terrorismo.
El comisario general Juan Pereira, director contra el Secuestro y el Terrorismo, explicó que los investigadores manejaban información con un alto grado de certeza sobre la presencia de Fernández Lippmann en el inmueble allanado, por lo que solicitaron la orden judicial correspondiente.
Según explicó, el condenado no permanecía de manera habitual en un solo lugar y se desplazaba constantemente, lo que dificultó su localización. Además, los investigadores tuvieron en cuenta el riesgo de filtraciones durante el operativo.
La subcomisario Nilda Ruiz, jefa del Departamento de Búsqueda de Prófugos, señaló que el trabajo comenzó tras recibir la orden judicial de captura y que los agentes realizaron diversas tareas de inteligencia para determinar sus movimientos y ubicación.
Indicó que Fernández Lippmann se manejaba en varios lugares y evitaba salir durante el día, por lo que las tareas de vigilancia se extendieron durante varios meses hasta lograr determinar su paradero.
Fernández Lippmann fue condenado a 7 años de pena privativa de libertad, sentencia que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. La orden para el cumplimiento de la condena había sido dictada en octubre de 2025, cuando el Juzgado de Ejecución revocó las medidas alternativas a la prisión que lo beneficiaban.
Tras la lectura de sus derechos constitucionales, el condenado fue trasladado a la sede del Departamento de Búsqueda de Prófugos y quedó a disposición de la Justicia para los trámites correspondientes y su posterior traslado al Departamento Judicial.
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