La Defensoría del Pueblo recordó los hitos históricos que consolidaron la abolición de la pena de muerte en Paraguay y la protección del derecho a la vida, en un contexto en el que el debate sobre el castigo para crímenes graves vuelve a cobrar fuerza tras el feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia (22), asesinada en plena vía pública, en Lambaré, presuntamente por su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira (26).
La última ejecución
La última ejecución de una persona condenada a muerte en Paraguay se registró en 1917. Se trató de Gastón Gadín, conocido como el “parricida de Villa Morra”, quien fue fusilado tras ser condenado por asesinar a sus padres, Lorenzo Gadín y su esposa Emma Lacour, una pareja de franceses.
Décadas después, la Constitución Nacional de 1992 estableció expresamente la abolición de esta pena para todos los delitos. El artículo 4 de la Carta Magna dispone: “Queda abolida la pena de muerte”.
La abolición y los derechos humanos
La Defensoría del Pueblo recordó que la eliminación de la pena de muerte forma parte del marco de protección del derecho a la vida, reconocido como inherente a toda persona por la Constitución Nacional.
Esta disposición constituye una garantía fundamental dentro del ordenamiento jurídico paraguayo y establece un límite al poder punitivo del Estado.
Fallo del sistema judicial y garantías fundamentales
El feminicidio de Deisy Paola también volvió a poner bajo cuestionamiento la respuesta del sistema de Justicia ante las denuncias de violencia familiar. La joven universitaria había advertido al Juzgado de Paz que su expareja incumplía la orden de alejamiento y continuaba acosándola. Sin embargo, su denuncia no llegó a la Fiscalía antes de que fuera asesinada, según los antecedentes del caso.
El hecho reavivó los reclamos de justicia y el debate sobre el endurecimiento de las penas para quienes cometen crímenes graves. No obstante, la abolición de la pena de muerte está expresamente establecida en la Constitución Nacional.
En este contexto, también cobra relevancia la necesidad de que las denuncias de violencia sean atendidas oportunamente y que las medidas de protección se cumplan de manera efectiva, para evitar que las víctimas queden expuestas a sus agresores.
La Defensoría del Pueblo recuerda que desde la institución promueven y defienden los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Nacional, entre ellas el derecho a la vida.
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