Karina Fernanda Custodio de Oliveira, de 29 años, se presentó voluntariamente este lunes 12 de octubre, a las 07:30, ante la Fiscalía Zonal de Minga Porã, acompañada de su abogado, Pablo Contrera, en el marco de la investigación por la muerte de su expareja, el empresario brasileño Valdecir Meiners Casiano, de 52 años.
La mujer había admitido haber causado la muerte del empresario durante una pelea, pero sostiene que actuó en legítima defensa. Antes de comparecer, manifestó que estaba dispuesta a presentarse ante la Justicia, aunque solicitó garantías para declarar sobre lo ocurrido.
Custodio de Oliveira afirma que durante la relación fue víctima de amenazas y agresiones. Entre los antecedentes que menciona figura una denuncia presentada en abril pasado, en la que habría responsabilizado a su entonces pareja de incendiar su vivienda y ocasionar daños a su vehículo.
La mujer cuestionó la actuación de las autoridades ante esas denuncias y sostuvo que los hechos debieron investigarse con mayor rigor. Asimismo, afirmó contar con fotografías y videos que, según su versión, demostrarían las agresiones que sufrió.
Cuestiona al fiscal y solicita un cambio
Custodio de Oliveira también manifestó su desconfianza hacia el fiscal Fernando Galeano y solicitó que otro agente del Ministerio Público intervenga en la causa, con el argumento de garantizar la objetividad e imparcialidad de la investigación.
Además, formuló acusaciones sobre un supuesto pago que el empresario habría realizado al representante fiscal para minimizar causas anteriores. Estas afirmaciones no han sido acreditadas y deberán ser investigadas, en caso de corresponder, por las instancias competentes.
La presentación de la mujer abre una nueva etapa en una causa que deberá esclarecer las circunstancias de la muerte de Meiners Casiano, así como los antecedentes de violencia que ella asegura haber denunciado antes del desenlace fatal.
La alegación de legítima defensa deberá ser evaluada a partir de los elementos probatorios reunidos en la investigación. Del mismo modo, los antecedentes de las denuncias previas y los cuestionamientos contra la actuación fiscal deberán ser examinados por las autoridades competentes.
El Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan con base en las pruebas, garantizando el debido proceso y sin dar por acreditadas acusaciones que aún requieren verificación.
Fuente: Portal Web de Noticias
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