La máxima instancia judicial del país tomó intervención directa en la evaluación de la actuación magistrada tras el feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido el pasado jueves 8 de octubre. Durante la sesión ordinaria del pleno, los ministros aprobaron la citación formal a la jueza de Paz de la ciudad de Lambaré, Lidia Mariela Fariña, para que comparezca a brindar explicaciones detalladas sobre el manejo del proceso.
La medida fue promovida por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien expuso los avances de la auditoría de reacción inmediata ordenada de urgencia tras la tragedia. Durante su intervención, el alto magistrado repasó la cronología del expediente, recordando que la denuncia por violencia doméstica fue promovida originalmente por la víctima el pasado 18 de septiembre a las 15:50 horas en la Comisaría de Posta Ybycuá de Capiatá.
Al haberse radicado en un horario inhábil, el caso fue derivado a la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo, donde la jueza interviniente, Natalia Molas, dictó de forma inmediata la orden de restricción de 500 metros y emitió los oficios a la Policía Nacional. Posteriormente, por motivos de competencia territorial, las actuaciones fueron remitidas el 21 de septiembre al Juzgado de Paz de Lambaré, a cargo de la magistrada Fariña.
En su análisis crítico del expediente, Jiménez Rolón remarcó que transcurrieron ocho días hábiles entre la recepción de la causa en Lambaré y la celebración de la audiencia para las partes. El ministro objetó fuertemente las exigencias burocráticas en casos de extrema vulnerabilidad, expresando que «en situaciones como estas, la ratificación previa debería ser un trámite innecesario, porque en casos de urgencia no podemos andar con ratificaciones».
El informe de la auditoría reveló además que durante dicha audiencia la víctima denunció formalmente que el agresor ya había violado la orden de alejamiento. Aunque la jueza Fariña emitió una providencia con fecha 7 de octubre para dar intervención al Ministerio Público por el hecho punible de desacato, las verificaciones periciales constataron que no existe constancia alguna de que dicho oficio haya sido verdaderamente diligenciado ni remitido a las autoridades correspondientes.
Ante la gravedad de los indicios y a la espera del dictamen final del examen de auditoría, la Corte Suprema acordó escuchar directamente a la magistrada citada antes de determinar la apertura de un sumario administrativo o la remisión de los antecedentes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Las autoridades judiciales reiteraron el compromiso de revisar los protocolos de atención en casos de violencia contra la mujer para evitar burocracias que pongan en riesgo la vida de las denunciantes.
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