Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y del Ministerio Público irrumpieron en una vivienda tipo inquilinato localizada en el barrio La Victoria de la ciudad de Lambaré, en la zona de influencia de la Terminal. El inmueble funcionaba de forma sistemática como centro de acopio, distribución de sustancias estupefacientes y aguantadero de personas vinculadas a hechos punibles.
Durante la inspección del recinto, los intervinientes lograron la detención del principal responsable de la boca de expendio, identificado como Damián Varela Cuenca, de 36 años de edad. Asimismo, en el procedimiento fue aprehendido su colaborador cercano, Bruno Espínola, de 30 años y de nacionalidad argentina, quienes encabezaban la estructura de comercialización al menudeo en el sector.
Según la investigación encabezada por el fiscal Arnaldo Venialgo, Varela Cuenca se valía de la condición de vulnerabilidad de personas con consumos problemáticos, vendiéndoles dosis de cocaína y crack e impulsando a varias de ellas a operar como distribuidores o «trafic-adictos» en la vía pública. Durante el registro, las autoridades hallaron además a una menor de edad de origen indígena en situación de desprotección.
En cuanto a las evidencias requisadas, los agentes antidrogas contabilizaron un total de 17 dosis de crack listas para la venta y 144 gramos de cocaína no dosificada, volumen que equivale a unas 400 dosis en el mercado ilegal. Todos los elementos fueron lacrados y puestos a disposición del laboratorio forense de la institución.
El operativo puso de relieve un dato institucional preocupante: la vivienda intervenida acumula un historial de al menos diez allanamientos en los últimos dos años. Pese a las reiteradas detenciones y cambio de inquilinos, la finca vuelve a convertirse en un foco recurrente de microtráfico y refugio de delincuentes que afecta la seguridad del vecindario.
Ante la reiteración delictual en el mismo sitio, la representación fiscal confirmó que la línea investigativa se extenderá hacia el propietario del inquilinato para evaluar su eventual responsabilidad legal. La fiscalía busca determinar las condiciones contractuales del alquiler y frenar la impunidad operativa en este punto neurálgico de la ciudad.
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