Una granja de criptominería que presuntamente operaba con un suministro eléctrico manipulado fue intervenida por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el asentamiento Belén de Ciudad del Este. Durante el procedimiento, se incautaron 18 máquinas procesadoras de criptoactivos y se calculó un perjuicio de G. 319.000.000 por consumo irregular de energía, gastos de intervención y multas.
El operativo se realizó el jueves, alrededor de las 11:30 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Rosario, propiedad del comerciante Oscar Adrián Posteguillo Rojas. Según el informe de la ANDE, una verificación técnica permitió detectar que el medidor no registraba la totalidad del consumo debido a la manipulación del cableado en las fases 2 y 3.
La intervención también estuvo marcada por el retiro de equipos antes de la llegada del Ministerio Público. De acuerdo con el reporte de la Comisaría 4.ª del barrio Pablo Rojas, los funcionarios de la ANDE observaron a varias personas cargando máquinas de criptominería en dos vehículos.
Se trataba de una Toyota Noah blanca, con matrícula ABBJ 583, registrada a nombre de Posteguillo Rojas, y un Toyota Sienta gris, con chapa AAZD 425, a nombre de Edith Mabel Franco Cabral. Además, los intervinientes reportaron la presencia de una Toyota Noah negra, sin matrícula, que estaba presumiblemente al mando del propietario del inmueble y que habría obstruido el lugar.
Cerca de las 13:40 horas, con la presencia del fiscal Alcides Giménez Zorrilla, Posteguillo Rojas sacó 18 equipos hasta la vereda y los entregó voluntariamente a los funcionarios de la ANDE. Por disposición del Ministerio Público, las máquinas quedaron incautadas. El reporte no precisa la cantidad total de equipos que habría en el inmueble ni cuántos fueron retirados previamente en los vehículos.
El suministro intervenido está identificado con el NIS 3105213 y figura a nombre del comerciante. La ANDE fijó en G. 319 millones el monto que incluye el daño patrimonial, los gastos del procedimiento y la multa prevista en la Ley N.º 966/64.
La institución recordó que la sustracción de energía eléctrica constituye un hecho punible y que la Ley N.º 7300/24 contempla sanciones que pueden incluir hasta 10 años de prisión, multas y el decomiso de los bienes utilizados. Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para avanzar con la investigación.
Fuente: Informativo del Este.
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