Los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, presentaron los requerimientos conclusivos para los dos primeros procesados por el homicidio doloso del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, ocurrido el 2 de octubre de 2025. El Ministerio Público solicita el sobreseimiento definitivo para uno de ellos y acusa al otro, por lo que pide que afronte juicio oral y público.
Los requerimientos afectan a Jorge Guillén Bogado, de 44 años, señalado inicialmente como supuesto financista del crimen, y a su sobrino Ángel David González Guillén, de 22 años. Ambos fueron detenidos el 16 de octubre de 2025 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
En el caso de Jorge Guillén Bogado, los fiscales solicitan el sobreseimiento definitivo al considerar que las evidencias reunidas durante la investigación no permiten vincularlo con los demás implicados en el asesinato. Por su parte, Ángel David González Guillén fue acusado como presunto cómplice de sicariato y coautor de asociación criminal, por lo que la Fiscalía solicita que sea sometido a juicio oral y público.
Las evidencias apuntan a alias Lulú
En el requerimiento conclusivo presentado a las 15:26 del sábado 17 de octubre, el equipo fiscal explica que la hipótesis inicial apuntaba a que Jorge Guillén habría recibido el encargo de organizar la logística del homicidio por encargo y habría solicitado a su sobrino que transfiriera dinero a cuentas proporcionadas por los presuntos sicarios, identificados como Alexander Rojas y Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
Sin embargo, el análisis de las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos y la extracción de datos de teléfonos celulares llevaron a los investigadores a modificar esa hipótesis. Según la Fiscalía, las evidencias señalan a Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, como la persona que habría solicitado las transferencias de dinero a Ángel González Guillén, Marco Antonio Florentín Camacho y Luis Fernando Guillén Martínez.
Los informes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional revelaron que no se registró interacción entre el número telefónico utilizado por Jorge Guillén Bogado y el de los demás implicados. En cambio, se constató una comunicación fluida y constante entre Ángel González Guillén y Carlos Antonio Báez Guillén durante el periodo en que se habría planificado y ejecutado el crimen.
La pericia también detectó contactos entre el teléfono analizado y un número utilizado por Rogelio Lemuel Díaz Brítez, señalado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato.
En su argumentación, los fiscales sostienen que las nuevas evidencias, tanto las extracciones de datos como las declaraciones recogidas, permiten concluir que las instrucciones para transferir el dinero destinado a los presuntos sicarios habrían provenido de alias Lulú y no de Jorge Guillén Bogado. Por ese motivo, consideran que corresponde el sobreseimiento definitivo del hombre que inicialmente era señalado como supuesto organizador logístico del atentado.
El tirador fue hallado muerto en el río Paraná
El 28 de octubre de 2025, el cuerpo de Alexander Abrahán Rojas Duarte, señalado como uno de los tiradores que ejecutó el ataque contra el teniente coronel Moral, fue encontrado flotando en el río Paraná, frente al municipio de Domingo Martínez de Irala. Según los antecedentes de la investigación, el presunto sicario habría sido ejecutado después del atentado.
Al día siguiente, durante nuevos allanamientos en Ciudad del Este, la Policía capturó a Luis Fernando Guillén Martínez, de 22 años, hijo de Jorge Guillén Bogado; a Elda Sofía Galeano Kleiner, de 43 años, y a Marco Antonio Florentín Camacho, de 42 años, concubino de esta última. Los tres también fueron vinculados a las transferencias de dinero destinadas a los presuntos sicarios.
Posteriormente, el 22 de febrero de 2026, fue detenido en Ciudad del Este Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, de 35 años, sobrino de Jorge Guillén Bogado y señalado por los investigadores como presunto organizador principal del atentado.
De acuerdo con los datos de la investigación, alias Lulú habría recibido el encargo de asesinar al militar, contactado con los presuntos sicarios y coordinado el envío de dinero. También se sospecha que recibió a los supuestos autores materiales en Ciudad del Este después del homicidio, presuntamente para pagarles por el trabajo, y que posteriormente habría ordenado o participado en su eliminación.
En cuanto a Luis Fernando Guillén Martínez, Elda Sofía Galeano Kleiner y Marco Antonio Florentín Camacho, el Ministerio Público tiene plazo hasta el próximo 30 de octubre para presentar sus requerimientos conclusivos, que pueden consistir en acusaciones o pedidos de sobreseimiento.
El caso continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades de cada uno de los procesados en el asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión.
Fuente: ABC Color
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