El agente fiscal Julio Ortíz, titular de la Unidad N.º 3 de la Capital, imputó formalmente al exrector y administrador de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez.
La imputación formulada por el Ministerio Público abarca la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con el escrito fiscal, el procesado habría asentado en los registros académicos oficiales datos que no correspondían a la realidad durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015.
Las investigaciones determinaron que Acuña Vázquez se habría valido de su posición de máxima autoridad para controlar filiales, carreras y sistemas de certificación, permitiendo que figuren como alumnos personas que no cursaron ni aprobaron asignaturas. Este esquema quedó al descubierto tras probarse en sede judicial que el exlegislador Hernán Rivas figuraba como egresado de Derecho sin haber cumplido los requisitos académicos.
La causa penal se inició tras la denuncia formulada por los actuales administradores de la casa de estudios, José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci. Los denunciantes indicaron que tomaron conocimiento del fraude tras la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2026 contra Rivas, comprobando que la documentación del título emitido se confeccionó sobre la base de reportes falsos que remitían las filiales bajo la gestión anterior.
Adicionalmente, el fiscal Ortíz remarcó que en octubre de 2015, al momento de concretar la venta de la universidad, el exrector habría declarado falsamente un escenario institucional limpio, omitiendo deliberadamente las inconsistencias documentales. Esta maniobra indujo a los compradores a realizar un desembolso de G. 450.000.000, monto que constituye un directo perjuicio patrimonial para los nuevos dueños.
La representación fiscal concluyó que el ropaje de legalidad otorgado a títulos e historiales académicos irregulares provocó un severo daño a la reputación e imagen de la Universidad Sudamericana, derivando en la pérdida de clientes y matriculados, así como en el cierre forzado de diversas filiales en el territorio nacional.
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