La fiscal Fabiola Sosa, de la Fiscalía Zonal de Emboscada, imputó a Pablo Abel González Apuril, exdirector del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, por la presunta comisión del hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal.
Según la investigación del Ministerio Público, el exfuncionario habría ordenado a guardias penitenciarios retirar varios teléfonos celulares del establecimiento tras la fuga de dos internos y antes de la llegada de la comitiva fiscal. Los dispositivos pertenecerían a personas privadas de libertad presuntamente vinculadas al crimen organizado.
La fuga se produjo en la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando Ever Alejandro Ozuna López, alias “Tanchí”, y Robert Arsenio Merlo Villalba escaparon del Módulo 7, correspondiente al sector de alta seguridad del penal. De acuerdo con los datos preliminares, ambos habrían cortado los barrotes de una ventana y utilizado cuerdas improvisadas con sábanas y frazadas para salir del recinto. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.
Tras el escape, González Apuril fue apartado de su cargo y el Ministerio de Justicia dispuso la intervención del establecimiento penitenciario. El exdirector, por su parte, negó tener responsabilidad en lo ocurrido.
En el marco de la misma causa, fueron detenidos cuatro agentes penitenciarios: Pedro Antonio Balbuena Gayoso, Leandro David Guzmán Maidana, Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres.
Allanamiento a vivienda de excoordinador penitenciario
Como parte de las diligencias investigativas, la fiscal Fabiola Sosa encabezó este miércoles un allanamiento en la vivienda del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, ubicada en Villa Elisa.
El procedimiento busca recabar elementos relacionados con la investigación sobre posibles vínculos con el crimen organizado y eventuales irregularidades en el sistema de seguridad penitenciaria.
La causa apunta a esclarecer posibles fallas en los controles de seguridad, omisiones en las requisas y los patrullajes, así como las eventuales responsabilidades de funcionarios en la fuga de los dos internos y en los hechos posteriores.
La imputación no implica una declaración de culpabilidad; la responsabilidad penal de los investigados deberá determinarse en el proceso judicial.
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