La Asociación de Rematadores del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia suspender temporalmente, por un plazo de 180 días, nuevas convocatorias a concursos para acceder a la matrícula de rematador público y revisar el régimen vigente. El gremio sostiene que la incorporación de nuevos profesionales sin un estudio previo de las necesidades del servicio afecta las oportunidades laborales de quienes ya ejercen la actividad.
En entrevista con Radio 1000, el presidente de la asociación, Atilio Estigarribia, explicó que el planteamiento apunta a revisar la Acordada N.º 1747/2024, que modificó las condiciones de acceso a la matrícula y habilitó el ingreso mediante concursos públicos de oposición.
“No estamos en contra de que se llame a concurso y examen, pero pedimos que se utilicen las matrículas de los fallecidos o de quienes renunciaron, en lugar de liberar los cupos”, manifestó Estigarribia.
El titular del gremio afirmó que la cantidad de remates asignados a cada profesional es insuficiente y que, además, una parte importante de las subastas termina suspendida. Como ejemplo, señaló que suele realizar entre seis y siete remates al año, de los cuales cuatro o cinco no llegan a concretarse.
Según indicó, actualmente existen alrededor de 120 rematadores matriculados ante la Corte Suprema, y estimó que entre el 50% y el 60% tiene escaso o nulo trabajo. Agregó que, debido a la incompatibilidad establecida para ejercer simultáneamente la abogacía y la función de rematador, muchos profesionales dependen de esta actividad como fuente de ingresos.
Además de la suspensión temporal de nuevas convocatorias, la asociación solicitó una evaluación técnica de las necesidades reales del servicio de subastas y de la capacidad de supervisión en las distintas circunscripciones judiciales del país.
El gremio también pidió que se reglamente el cumplimiento del artículo 167 del Código de Organización Judicial, de modo que, ante la suspensión de una subasta a pedido de las partes, se exija la consignación de los gastos y del 50% de la comisión legal, para cubrir los costos adelantados por los rematadores.
Asimismo, requirió información pública sobre la cantidad de subastas realizadas, suspendidas y canceladas entre 2021 y 2026, además de datos sobre las asignaciones efectuadas a cada profesional. Para ello, invocó la Ley N.º 5282/2014, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
La presentación, realizada ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia por la asociación presidida por Estigarribia, con el patrocinio del abogado Carlos Alberto Cardozo Gaona, incluye también el pedido de conformar una mesa técnica de trabajo entre representantes del gremio y dependencias del Poder Judicial.
“Pedimos a los ministros de la Corte que nos tomen en consideración, que estudien nuestra situación y nos escuchen a través de una audiencia pública para poder dignificar y mejorar la función del rematador”, expresó Estigarribia.
La asociación sostiene que la ampliación del acceso a la matrícula no garantiza, por sí sola, un aumento en la cantidad de subastas efectivamente realizadas y reclama que las decisiones sobre el ingreso de nuevos profesionales se basen en datos concretos sobre la demanda del servicio y las condiciones laborales del sector.
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