El juez penal de garantías Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga, de 39 años, exdirectivo de ITTI S.A.E.C.A. y exsíndico suplente de ueno bank S.A., dentro de la causa que investiga presuntas operaciones crediticias irregulares y desvío de fondos vinculados a la entidad financiera en resolución. A través del Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 367, el magistrado dispuso su traslado al Centro Nacional de Prevenidos u otro establecimiento penitenciario, ordenando al Ministerio de Justicia que sea alojado de forma separada a los demás coimputados del proceso.
De acuerdo con el acta de imputación presentada el 4 de noviembre por los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera —que alcanza a 27 procesados—, Astigarraga habría desempeñado un papel central en el esquema investigado bajo la calificación provisoria de lavado de activos, estafa, lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y asociación criminal. Según la pesquisa, entre julio y noviembre de 2025 ejerció la presidencia de Grupo M S.A. en simultáneo con su cargo de síndico suplente de ueno bank, además de ocupar puestos directivos en firmas relacionadas como Mowi S.A., Tuiu S.A. y Nubicom S.A.
Durante su gestión al frente de Grupo M S.A., la firma accedió a dos préstamos del banco por un total cercano a los USD 17,9 millones en condiciones preferenciales y sin garantías reales suficientes, pese a registrar un nivel de endeudamiento equivalente al 96 % de sus activos. La trazabilidad financiera fiscal sostiene que dichos recursos no se destinaron al proyecto declarado, sino que fueron transferidos íntegramente a empresas vinculadas al grupo económico GPV-1535, entre ellas ITTI S.A.E.C.A., Red Digital S.A. y Kaitel S.A., sumándose a otros créditos millonarios cedidos posteriormente a Vinanzas S.A.
Si bien en un principio el Ministerio Público había solicitado medidas alternativas a la prisión con audiencia fijada para diciembre, los fiscales modificaron su requerimiento tras detectar una participación más amplia del imputado en el entramado societario, librando una orden de captura el pasado 5 de noviembre. Tras ponerse a disposición de la Justicia de manera voluntaria, su defensa técnica solicitó durante la audiencia de esta mañana el arresto domiciliario con tobillera electrónica, ofreciendo como fianza real dos inmuebles propiedad del padre del encausado.
Al fundamentar el rechazo al pedido de la defensa, el juez Osmar Legal advirtió que la magnitud económica de las maniobras investigadas, sumada a la elevada capacidad patrimonial del procesado —quien declaró ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones—, configura un riesgo latente de fuga. Asimismo, el juzgado determinó que los inmuebles ofrecidos en caución resultaban insuficientes al carecer de tasaciones, certificados definitivos de dominio y de la formalización legal por parte de su titular.
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