El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) dispuso la intervención de su Centro de Atención al Cliente (CAC) de la localidad de Fram, Departamento de Itapúa, y la separación inmediata de la totalidad de los funcionarios que prestaban servicios en esa dependencia, tras detectar inconsistencias administrativas e irregularidades posteriormente denunciadas por personas afectadas.
La institución dio a conocer la medida a través de un comunicado oficial, fechado el 17 de noviembre de 2026, en el que explicó que las irregularidades salieron a la luz durante el propio proceso de intervención del establecimiento.
Según el documento, la decisión de apartar a todos los funcionarios tuvo como objetivo garantizar la transparencia y la objetividad de las actuaciones, mientras avanzan las tareas del equipo interventor y se recopilan las evidencias documentales.
Asimismo, el CAH señaló que se encuentra trabajando en la adopción de las medidas administrativas y legales correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido, establecer las eventuales responsabilidades individuales y resguardar los derechos de los clientes afectados y de la propia institución.
Uno de los puntos centrales del comunicado es el anuncio de que, una vez reunidos los elementos necesarios, se formulará una denuncia penal ante el Ministerio Público, a fin de que se lleven adelante las investigaciones pertinentes.
La atención continúa con normalidad
Pese a la intervención, el Crédito Agrícola de Habilitación aseguró que el Centro de Atención al Cliente de Fram continúa funcionando normalmente, bajo la responsabilidad de funcionarios designados para esta etapa.
Los nuevos responsables están disponibles para atender a los clientes, proporcionar información, verificar estados de cuenta, recibir reclamos y canalizar las consultas correspondientes.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la honestidad en la gestión pública.
Por el momento, el comunicado no precisa el monto de los posibles perjuicios económicos, la cantidad de clientes afectados ni los detalles específicos de las irregularidades detectadas. Tampoco identifica a los funcionarios separados de sus cargos.























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