La Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por seis casos de posible corrupción que supuestamente «quedaron impunes», informó uno de los denunciantes.
El exdiputado opositor Amílcar Barral dijo a EFE que, junto a la también exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para que se active la alerta migratoria y que se abra una investigación contra Morales en seis casos.
«Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales», dice la nota enviada el 9 de octubre.
Además, agrega que «es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre varios casos que han quedado impunes».
Barral comentó que Morales «ni siquiera llegó a declarar en esos casos».
Lanchipa afirmó en esta jornada desde Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial, que se pidió al fiscal departamental de La Paz que «revise» la nota firmada por los dos exdiputados.
«No es un pedido de alerta migratoria. Se ha pedido que se revise la nota enviada por los dos ciudadanos y se actúe como corresponda», aclaró en una rueda de prensa.
En el documento enviado a Alave, la Fiscalía General le pide que actúe «en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 34.3 de la Ley 260, procese conforme corresponda y que las y los fiscales de materia a cargo de los procesos (…) determinen lo que en derecho corresponda».
Los exdiputados explican en su nota que los seis casos en los que piden que se procese al exmandatario son los contratos adjudicados de manera ilegal a la empresa china CAMC (2016), la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas (2015) y la «sobrevaloración» en la adquisición de barcazas chinas (2012).
A esos se suman las supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de una constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos en la petrolera estatal YPFB (2009) y los contratos «irregulares» con pérdidas millonarias con una empresa de servicio de alimentos para la línea aérea estatal Boa.
Fuente: EFE
