El abogado Oscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, presentó en la mañana de este martes ante la Cámara de Diputados, un pedido formal de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, en el marco del asesinato del exlegislador, cuya causa se cerró a pedido del propio Ministerio Público.
El profesional del derecho expuso que la acusación contra el titular de la Fiscalía es por “incumplimiento de los deberes de su función, inacción sistemática, y tolerancia institucional ante irregularidades gravísimas cometidas por fiscales bajo su dependencia jerárquica”.
En primer término, citó la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Tuma también hizo referencia a un “manejo político” del Ministerio Público, permitido por Rolón Fernández, a través de la percusión penal, la protección de sectores políticos y distorsión del principio de igualdad ante la ley.
El caso del exdiputado constituye otro de los argumentos presentados para solicitar su destitución, ya que la investigación sobre su asesinato se cerró tras la ratificación de la desestimación de la causa, incluso tras la filtración de chats que se extrajeron de su celular que evidenciaban el poder que tenía sobre fiscales y jueces.
“(Su muerte) fue objeto de una investigación deficiente, parcial y negligente, archivada sin pericias claves, sin reconstrucción del hecho y sin imputación alguna, pese a evidencias contundentes de uso excesivo de la fuerza”, sostienen.
Finalmente, el letrado habló de una supuesta omisión de control jerárquico de la máxima autoridad de la Fiscalía por “abandonar su deber de supervisar, dirigir y corregir las actuaciones de los fiscales, consolidando la impunidad”.
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