Como parte de una respuesta rápida y eficaz a un pedido de la Comisión del Senado, el defensor general Dr. Javier Dejesús Esquivel González, presentó un proyecto de ley que tiene como finalidad la anotación de los documentos obligacionales en un registro único, para de esta forma combatir a lo que se denomina “mafia de los pagarés”.
El proyecto de ley mencionado que fue presentado el viernes 2 de mayo, está denominado “Creación de un Registro Nacional de Créditos y de la Oficina de Registro de Créditos dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos”, en el que se pretende la anotación de los documentos obligacionales (cheques, pagarés), que tiene como finalidad contrarrestar a lo que se denomina de forma mediática “Mafia de los pagarés”.
Según lo que se plantea en el proyecto de ley, se hace mención al otorgamiento masivo de créditos por parte de entidades del sistema financiero y no financiero —incluyendo bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito y particulares, que actúan de forma habitual, lo que ha generado una elevada circulación de títulos ejecutivos como pagarés, cheques y documentos equivalentes.
No obstante, la falta de un registro público, centralizado y obligatorio de tales instrumentos, ha dado lugar a prácticas abusivas, afectando la integridad del sistema de justicia, erosionando la confianza en los mecanismos de cobro judicial, y exponiendo a numerosos ciudadanos a procesos ejecutivos basados en documentos de dudosa autenticidad o sin respaldo documental.
También se argumenta que casos revelados por medios de comunicación y procesos judiciales en curso han evidenciado la existencia de verdaderas redes de falsificación, manipulación documental y abuso del proceso de ejecución, lo cual obliga a adoptar medidas procesales eficaces que prevengan la reiteración de estos hechos y reparen sus consecuencias.
Es por ello, –continúa- resulta imprescindible promover herramientas normativas que garanticen la seguridad jurídica, la transparencia en las relaciones crediticias y la protección efectiva de los derechos de las partes intervinientes en actos jurídicos de contenido patrimonial.
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