El fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Penal n.º 7 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a 11 personas por su presunta participación en hechos punibles de lesión grave, perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia, ocurridos el 5 de octubre en el Asentamiento Mujer Paraguaya del km 30 Monday, distrito de Minga Guazú. Los hechos investigados se originaron tras un ataque perpetrado por los sospechosos contra miembros de una familia, a quienes pretendían expulsar de la comunidad mediante la utilización de fuerza y armas blancas.
Una mujer de 56 años y su hijo de 30 resultaron heridos durante el ataque. La dama sufrió un corte detrás de la oreja derecha, además de puntapié y golpes con un palo; mientras que su hijo recibió un corte en el pómulo izquierdo. Los agresores habrían actuado bajo las órdenes de uno de los imputados, quien sería el líder de una de las comisiones vecinales.
Tras la denuncia, agentes policiales de la Subcomisaría 52 del barrio Piro’y acudieron inmediatamente al lugar, pero la superioridad numérica y la actitud agresiva de los involucrados los obligó a solicitar refuerzos al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y a otras comisarías cercanas.
Tras regresar al lugar con apoyo, los policías redujeron a los presuntos atacantes en la vía pública y procedieron a su identificación. Durante el operativo se incautaron machetillos, puñales y una barra de hierro. Dos de los imputados, de 53 y 28 años, resultaron heridos al enfrentarse con los intervinientes. Ambos fueron derivados al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este bajo custodia policial, mientras que el resto de los imputados fue trasladado a la sede policial.
El Ministerio Público fundamenta la imputación en notas policiales, actas de procedimiento y declaraciones testimoniales. La investigación señala a uno de los involucrados como presunto autor de lesión grave, perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia, mientras que los demás procesados están sindicados por perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia.
El fiscal Luis Escobar solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo. Asimismo, requirió al juez penal de garantías que dicte la prisión preventiva de todos los imputados, argumentando la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la integridad de las víctimas y el normal desarrollo del proceso penal.
Fuente: Ministerio Público
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