Uruguay se sumó el miércoles al puñado de países del mundo que habilitan y regulan la eutanasia bajo estrictas circunstancias de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. Con 20 votos a favor sobre un total de 31, el pleno del Senado cerró un profuso recorrido legislativo de cinco años que concitó la atención de una sociedad casi siempre proclive a la ampliación de derechos: el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta legalización, según la consultora Cifra. El proyecto contó con el respaldo de toda la bancada progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de la centroderecha.
Con la sanción definitiva del proyecto denominado “Muerte digna”, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante el trámite parlamentario requerido para la aprobación de cualquier norma, que en este caso supuso largas horas de debate interpartidario, así como audiencias en las que fueron recibidas y escuchadas más de 60 organizaciones que pasaron por las comisiones de salud de ambas cámaras. Esto diferencia a Uruguay de países como Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado a través de fallos de la Corte Constitucional y hay una protocolización de Sanidad, pero el Congreso aún no la ha legalizado.
El texto aprobado establece que podrá acogerse a este derecho toda persona mayor de edad y “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o que, como consecuencia de esa enfermedad, “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
El paciente que lo decida deberá solicitar la eutanasia personalmente y por escrito, siempre que sea ciudadano uruguayo o extranjero residente. La eutanasia se practicará para que su muerte se produzca de manera “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, indica la norma.
La ley de muerte digna estuvo precedida por un debate social, académico, político, tan nutrido como los que derivaron en la legalización del aborto, el matrimonio igualitario o la regulación del mercado de cannabis, que hace más de una década —con José Pepe Mujica al frente del Gobierno— colocaron a Uruguay entre los países más sobresalientes en la agenda progresista de derechos.
Fuente: El País
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