Las agentes fiscales Elva Cáceres y María Irene Álvarez lograron la condena de 25 años de pena privativa de libertad para Miguel Ángel Servín Palacios, 15 años para Alberto Antonio Ayala Jacquet, 11 años para Ricardo Ariel Aquino y 8 años para Andrés Mauricio Fernández. Con respecto a éste último, el Tribunal de Sentencia tuvo en cuenta un trastorno bipolar para entender que su reprochabilidad es reducida.
Las citadas personas fueron juzgadas en relación a los hechos punibles de tráfico internacional de sustancias estupefacientes y asociación criminal, previstos en los artículos 26 y 42 de la Ley 1340/88, como coautores. El Tribunal de Sentencias dio por probados los hechos acusados, donde cada procesado cumplía un rol dentro de la organización criminal.
Servín Palacios era el líder y financista de la organización; tenía los contactos de compradores de la droga, los que eran puestos en contacto con el ya condenado Christian Turrini. Éste recibía instrucciones de Servín sobre la linea maritima a ser utilizada, los itinerarios y los puertos de escala; para ello, retiraba dinero de la casa de cambio Fe y Panorama.
A su vez, éste contaba con la cooperación de Alberto Ayala, quien puso a disposición de la organización sus empresas de exportación Carbosur S.A y TRES A, a través de las cuales se preparaba toda la logística para envío de carbón vegetal, mercadería lícita utilizada para mimetizar la cocaína.
Los supuestos pedidos de carbón eran para Israel y Portugal. Mediante la apariencia de una operación de comercio internacional pretendían el envío de casi 3 toneladas de cocaína a Europa.
Por su parte, Ariel Aquino fue el encargado de proveer carbón, contratar fletes, estibadores y participar durante la carga de los contenedores en el depósito de Mariano Roque Alonso, desde donde fueron trasladados hasta el puerto TERPORT de la ciudad de Villeta, lugar donde serían embarcados los contenedores.
En tanto, Andrés Mauricio Fernández, además de proveer parte del carbón vegetal, también a través de su empresa QUATTRO A posibilitaba el uso de sus cuentas corrientes donde se realizaban depósitos de dinero y cambios de divisas en estrecha colaboración con Turrini.
El descubrimiento de estos hechos fue posible en virtud de la investigación técnica denominada Swiffer, llevada adelante a raíz de la información recibida por la SIU Policía Nacional por parte de la Policía de Amberes (Bélgica) sobre la incautación de 3.406 kilos de cocaína, incautados en junio de 2020 en dicho puerto.
En octubre de 2020, con la investigación señalada, fueron incautados 2.996 kilos de cocaína en el puerto privado TERPORT. Fueron procesados en principio Christian Turrini, Alberto Ayala, Ariel Aquino y Andrés Mauricio Fernández.
El Ministerio Público siguió con la investigación para llegar a un eslabón más alto de la organización. Es así que inició el caso llamado BELIA, llevado adelante con SIU SENAD, investigación de la que resultó la implicancia de Servín Palacios, dando lugar además a una causa por lavado de activos.
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