La empresa tecnológica itti emitió un comunicado, mediante el cual subraya que, ABC Color impulsa “una campaña de desinformación” sobre el caso Banco Atlas – itti, donde se atribuye falsamente al juez Juan Francisco Blanco Bogado la «paralización» de la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, insinuando colusión y manipulación judicial. Al respecto habló con Radio 1000 el vocero de itti, abogado Miguel Almada.
Afirmó que cuando se habló de la fusión entre Atlas y Familiar, su empresa se contactó recordando que existía una cláusula que establecía que debían estar en conocimiento y autorizar esta medida para el uso de su software, asegurando que fueron ignorados. Posteriormente, itti se percató que el core que Atlas terminó finalmente utilizando era una aparente copia no autorizada del software ITGF, presentándose entonces la denuncia de plagio.
En el escrito, itti considera “indispensable restablecer la verdad y exponer los hechos que dicho medio oculta deliberadamente”.
1. El problema real: violación de la propiedad intelectual.
El conflicto no surge por una cuestión comercial menor. Surge porque el Banco Atlas utilizó de manera abusiva y en contra de los permisos otorgados el software ITGF, propiedad exclusiva de itti, que constituye el core bancario de sus operaciones.
“Ese uso irregular derivó en acciones arbitrales, penales y civiles orientadas a detener el manoseo de un activo tecnológico ajeno, cuyo respeto es indispensable para cualquier economía moderna.”, reza parte del comunicado.
2. La fusión no se paralizó por itti ni por los jueces: fue bloqueada por el propio Banco Atlas
Contrariamente a lo sostenido por ABC Color: ningún juez frenó la fusión entre Atlas y Familiar.
Destaca que, “la frenó el propio Banco Atlas, al intentar incluir dentro de su patrimonio un software que no le pertenece, ignorando contratos, leyes y advertencias formales de su legítimo dueño.”
itti recalca que, la decisión del juez Blanco fue “estrictamente técnica; ordenó a Atlas dejar de usar y dejar de copiar el software ITGF, impidiendo que lo utilice como activo en una operación societaria sin autorización del propietario. Eso no es corrupción. Eso es aplicar la ley.”
3. La actuación judicial fue correcta, equilibrada y transparente ABC Color construye un relato ficticio al acusar «acoso», «celeridad sospechosa» y «connivencia».
Los hechos demuestran lo contrario: todos los jueces intervinientes, tanto en medidas solicitadas por Atlas como por itti, se limitaron a preservar el statu quo, evitando que una de las partes genere ventajas irreversibles antes de resolverse el fondo del conflicto.
Asimismo, la empresa tecnológica refiere que “cuestionar la celeridad judicial como si fuera un indicio de corrupción es una contradicción con el reclamo histórico de la ciudadanía: una justicia rápida, eficiente y que haga cumplir la ley sin privilegios.”
4. La incoherencia del discurso sobre propiedad privada.
itti deja en claro que, “resulta preocupante que un medio que enarbola la defensa de la propiedad privada seleccione cuándo ella merece protección.”
Añade que, cuando se trata de un activo tecnológico que no le pertenece a su grupo económico, ABC Color silencia el derecho del creador y justifica su apropiación.
Esa postura no solo es incoherente: es peligrosa para un país que aspira a desarrollar industria tecnológica propia.
5. La postura de itti: diálogo, conciliación y respeto al debido proceso itti siempre buscó evitar que este conflicto escale.
De hecho, fue Atlas quien primero judicializó el conflicto, no itti.
Los hechos son claros: itti intentó conciliar: Atlas eligió confrontar.
6. Un conflicto que define el país que queremos.
Este caso no es comercial ni circunstancial. Es un punto de inflexión para el Paraguay, porque enfrenta dos modelos de sociedad: La que respeta la ley, la innovación y la propiedad intelectual. Y la que pretende apropiarse de la creación ajena por vía de presión, relato mediático o abuso de poder.
“Uno es el Paraguay del futuro. El otro, el Paraguay que debemos superar. El desenlace de este conflicto no solo definirá quién tiene la razón jurídica: definirá también qué país queremos ser”, puntualiza el escrito de itti.
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