La agente fiscal Rocío Celeste González representó al Ministerio Público en un juicio oral y logró que un Tribunal de Sentencia condenara a Herme Ramón González Benítez a 7 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de robo agravado. El caso se originó en 2018, tras una violenta irrupción en una propiedad rural ubicada en la zona de Santa Rita, en la que el condenado lideró un grupo que atacó a los ocupantes y se apoderó de dinero y mercaderías.
Durante el juicio, la representación pública presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron la participación activa del acusado en los hechos, solicitando inicialmente 8 años de prisión. No obstante, el Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera, Herminio Montiel y Edgar Lezcano, resolvió aplicar 7 años de pena privativa de libertad.
Los antecedentes del caso señalan que, el 28 de agosto de 2018, González Benítez junto a un grupo de 10 a 15 personas armadas con revólveres, escopetas y machetes, irrumpieron en un inmueble usufructuado por ciudadanos de nacionalidad brasileña.
En aquella ocasión, las víctimas fueron a la propiedad en una camioneta para pasar el fin de semana y efectuar el pago mensual al cuidador del lugar y a su esposa. Al arribar, los atacantes rodearon el vehículo, obligaron a bajar a los ocupantes y agredieron físicamente al hombre, provocándole desvanecimiento temporal mediante culatazos y puntapiés, mientras la mujer era obligada a permanecer extendida en el suelo.
Durante aproximadamente dos horas, las víctimas permanecieron a merced del grupo, que mediante amenazas de muerte y violencia física, sustrajo G. 2.400.000 en efectivo y mercaderías por valor de G. 1.300.000, además de privar de libertad temporal al cuidador y su pareja. Posteriormente, las víctimas lograron alejarse y comunicar los hechos a la Policía, proporcionando la identidad de los agresores, incluyendo a González Benítez, reconocido por su participación activa en el ataque.
En el marco de la investigación del caso, el Ministerio Público imputó y luego acusó a González Benítez como autor de los hechos punibles de coacción grave, privación de libertad, invasión de inmueble ajeno y robo agravado.
Las pruebas ofrecidas incluyeron testimonios de las víctimas, del cuidador y de efectivos policiales, además de documentos, actas de allanamiento y fotografías de las lesiones. Basándose en estos elementos, la Fiscalía sustentó la responsabilidad penal del acusado y solicitó su condena, que finalmente fue impuesta por el Tribunal de Sentencia por el hecho de robo agravado.
Los demás hechos prescribieron, considerando los años transcurridos desde su perpetración. Este fue el segundo juicio oral sobre el caso, ya que González Benítez había sido condenado inicialmente a 2 años de prisión por otro Tribunal. Tras la apelación del Ministerio Público, la sentencia fue anulada y se ordenó la realización de un nuevo juicio, que concluyó con la condena de 7 años.
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