La abogada Cecilia Pérez, representante legal de varias víctimas del esquema conocido como la “Mafia de los pagarés”, advirtió que aún no existe una cuantificación real de la cantidad de personas afectadas, debido a que con el avance de las investigaciones siguen apareciendo nuevos modos de operación fraudulenta.
En entrevista con Radio 1000, Pérez explicó que inicialmente se detectaron demandas promovidas de manera fraudulenta, con notificaciones falsas —conocidas como “notificaciones voladoras”— y una estructura organizada detrás de estos procesos. Sin embargo, señaló que recientemente se identificaron casos aún más graves, en los que empresas realizan embargos sin siquiera iniciar demandas judiciales, tercerizando además el servicio de cobro.
La abogada denunció que en muchos casos los descuentos se efectúan por parte de empresas distintas a aquellas a las que originalmente el afectado había autorizado, sin que exista notificación alguna sobre el cambio de acreedor. “Esto genera duplicaciones o triplicaciones de deudas, y la persona termina sin saber a quién le debe ni por qué el monto aumenta”, sostuvo.
Pérez remarcó que estas prácticas evidencian graves falencias en los procedimientos legales, especialmente en lo relacionado con la obligación de notificar al deudor cuando existe cesión de créditos. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la educación financiera para evitar que las personas firmen documentos sin conocer sus implicancias legales.
En cuanto a la investigación penal, señaló que la Corte Suprema de Justicia aún no concluyó la auditoría de gestión solicitada sobre juzgados involucrados en estos casos, pese a los pedidos de la Comisión Antimafia de los Pagarés. Indicó que el fiscal de la causa solicitó recientemente una prórroga extraordinaria, precisamente para aguardar el avance de dicha auditoría.
La abogada también alertó sobre problemas de competencia territorial que generan demoras y revictimizan a las personas afectadas, muchas de ellas adultos mayores o jubilados con dificultades de movilidad. Según explicó, varios casos se investigan en fiscalías que no corresponden al lugar donde se habría cometido el hecho punible, lo que retrasa imputaciones y abre la puerta a prescripciones.
Finalmente, Pérez exhortó tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Fiscalía General del Estado a acelerar las auditorías de gestión y a realizar un relevamiento integral de las causas con características similares. Advirtió que, ante la posible implicancia de funcionarios judiciales, las investigaciones deberían ser asumidas por el área de delitos económicos. “Si no hay avances, como mínimo hay complicidad”, concluyó.
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