El presidente de El Salvador Nayib Bukele, aseguró que su Gobierno «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora», al tiempo que acusó a organizaciones no gubernamentales, que han denunciado atropellos en el régimen de excepción, de «proteger a delincuentes». Fue durante una rueda de prensa con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en San Salvador, realizado el viernes.
«Me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países, ustedes sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales pero nunca por la gente honrada, entonces, a mí me parece que como que hay algo perverso ahí atrás, de estas oenegés y estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes», respondió a la pregunta de una periodista chilena que aseveró que el modelo Bukele también críticas en Chile por las violaciones a derechos humanos.
Bukele aseguró que él está de acuerdo en que «todos los criminales tienen derechos humanos» pero subrayó que «a prioridad para el Estado» deben ser «los derechos humanos de la gente trabajadora».
«Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente trabajadora y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos», agregó Bukele.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la implementación del régimen de excepción en El Salvador.
Amnistía Internacional ha dicho que el régimen de excepción es un modelo de seguridad «a costa de los derechos humanos» por las «detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal».
«A todas esas denuncias que han hecho estas organizaciones les daría algún valor si hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas, pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes», insistió Bukele.
El régimen de excepción, próximo a cumplir cuatro años de vigencia, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.
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