El senador Eduardo Nakayama sostuvo que la reforma de la caja fiscal aprobada en la Cámara de Diputados responde a una necesidad estructural y advirtió que el sistema previsional del sector público es financieramente insostenible si no se introducen ajustes de fondo.
En entrevista con Radio 1000, el legislador señaló que lo aprobado en Diputados representa una versión intermedia entre el proyecto originalmente planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas y las demandas de los gremios afectados, aunque reconoció que el resultado no dejó satisfechas a ninguna de las partes.
“Era previsible que no hubiera consenso ni plena conformidad, porque se trata de una reforma que enfrenta intereses contrapuestos. Hay sectores a favor y otros en contra, pero la Constitución es clara cuando establece que el interés general está por encima del interés particular”, afirmó.
Déficit creciente
Nakayama explicó que actualmente existen cerca de 80.000 jubilados del sector público frente a unos 300.000 funcionarios activos, una relación de apenas tres aportantes por cada pensionado, lo que genera un déficit que debe ser cubierto por el resto de la población.
“Estamos hablando de menos del 5% de la población nacional, pero cuyo déficit previsional es sostenido por los más de siete millones de paraguayos que no forman parte de la caja fiscal”, remarcó.
Indicó que el déficit anual ronda los USD 400 millones, una cifra que —según dijo— sería inviable para cualquier sistema previsional privado. “Las cajas deben ser autosustentables. Ninguna aguanta un déficit de esa magnitud”, subrayó.
Comparación con el IPS y privilegios históricos
El senador comparó la situación de la caja fiscal con la del Instituto de Previsión Social (IPS), donde existe una relación aproximada de 10 aportantes por cada jubilado, lo que permite mayor estabilidad financiera.
En contrapartida, criticó que en el sector público, por razones políticas y populistas, se hayan relajado históricamente las condiciones de acceso a la jubilación, permitiendo que algunas personas accedan al beneficio a edades tempranas, incluso alrededor de los 50 años, pese al aumento sostenido de la expectativa de vida.
También se refirió a la caja parlamentaria, señalando que enfrenta problemas actuariales y éticos. “No es un derecho, es un privilegio. Si vamos a dar la discusión moral, debe eliminarse, pero no se puede engañar a la ciudadanía diciendo que con eso se soluciona el problema de la caja fiscal, porque no es así”, aclaró.
Aporte estatal
Finalmente, Nakayama indicó que la caja fiscal ha recibido en los últimos años aportes del Estado, estimados en alrededor de USD 500 millones, aunque aclaró que, según informes técnicos, no se encuentra aún en una situación de quiebra, sino en un escenario que exige reformas urgentes para garantizar su sostenibilidad futura.
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