El Ministerio Público presentó ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado de Delitos Económicos el requerimiento conclusivo de acusación y solicitud de elevación a juicio oral y público contra las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. La investigación fiscal señala un perjuicio patrimonial total de G. 6.947.102.720 derivado del ejercicio ilegítimo de sus cargos y la autoasignación de beneficios irregulares.
La acusación se dirige contra el presidente del Consejo, Bernabé Peralta Antúnez, y los miembros Juan Arístides Amarilla, Rene Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia, Venancio Díaz Escobar y Viviana María Brioschi Capurro. Los mismos son señalados como coautores de los hechos punibles de Cobro Indebido de Honorarios y Lesión de Confianza.
El origen del conflicto se remonta a las elecciones de diciembre de 2019. Aunque inicialmente fueron proclamados ganadores, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y posteriormente la Corte Suprema de Justicia confirmaron la nulidad de los comicios.
La justicia determinó que el padrón electoral contenía irregularidades graves, al incluir a funcionarios de 24 municipalidades que se encontraban en mora con la institución. A pesar de que el acto de posesión de cargos fue declarado nulo, los acusados continuaron en sus funciones y percibieron salarios y beneficios de forma ininterrumpida entre los años 2020 y 2023.
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