El Tribunal de Apelación en Delitos Económicos confirmó la sentencia de 10 años de cárcel para el exgobernador de Central, Hugo Javier González. La justicia ratificó que el exfuncionario lideró un esquema de desvío de fondos destinados a la emergencia sanitaria por el COVID-19, validando así la máxima sanción impuesta en primera instancia.
La decisión de la alzada se fundamentó en la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron que no se trató de errores administrativos, sino de un plan deliberado para defraudar al Estado.
El tribunal confirmó los siguientes hallazgos clave:
Malversación de Fondos de Emergencia: Se ratificó el desvío de más de 5.100 millones de guaraníes que debían mitigar los efectos de la pandemia.
Documentación Apócrifa: Se validó que la rendición de cuentas se basó en facturas clonadas y proveedores que nunca prestaron los servicios declarados.
Obras Inexistentes: El tribunal de alzada coincidió en que los desembolsos a la Fundación CIAP carecían de proyectos reales, cronogramas o justificación técnica, calificando el esquema como una «ingeniería delictiva».
Para la mayoría la pena es justa y proporcional. Aunque hubo un debate técnico sobre el monto de la pena, los magistrados Paublino Escobar y Mario Camilo Torres conformaron la mayoría necesaria para mantener los 10 años de prisión.
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