Pacientes con enfermedades catastróficas y sus familiares se manifestaron este miércoles frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para exigir el pago de la deuda con proveedores de medicamentos, lo que permitiría restablecer el acceso a fármacos otorgados mediante amparos judiciales.
La presidenta de la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras, Vanessa Florentín, denunció que la falta de medicamentos está afectando gravemente a pacientes oncológicos y personas con patologías poco frecuentes.
Relató que una paciente no pudo acceder a su sesión de quimioterapia debido a la falta del fármaco requerido, cuyo costo asciende a unos G. 6 millones por dosis. “¿De qué bolsillo se saca ese dinero en una mañana?”, cuestionó.
Florentín también reclamó la provisión urgente de tratamientos como el cannabidiol para niños con epilepsia refractaria y pidió la instalación de una mesa de negociación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y las farmacéuticas para saldar la deuda acumulada por medicamentos entregados vía amparo judicial.
Asimismo, rechazó la posibilidad de financiar estos compromisos mediante endeudamiento, al advertir que implicaría un aumento significativo del gasto por intereses. En su lugar, planteó renegociar directamente con los proveedores mediante pagos al contado y acuerdos de reducción de deuda.
Por su parte, el viceministro de Salud, Saúl Recalde, reconoció la situación y señaló que el principal problema radica en los medicamentos de alto costo que se incorporan al sistema mediante amparos judiciales y que no están contemplados en el presupuesto.
Explicó que los fármacos incluidos en el listado de medicamentos esenciales se encuentran disponibles, incluyendo tratamientos para enfermedades raras, oncológicas y crónicas. Sin embargo, indicó que los casos judicializados representan un desafío financiero significativo.
Recalde detalló que en el último año se registraron más de 1.500 amparos, mientras que en lo que va del presente año ya se contabilizan más de 160, muchos de ellos relacionados con terapias de altísimo costo, como inmunomoduladores.
En ese sentido, mencionó que existen tratamientos para uno o dos pacientes que pueden alcanzar entre G. 40.000 millones y G. 60.000 millones, lo que obliga al Ministerio a realizar reprogramaciones presupuestarias para poder cumplir con las resoluciones judiciales.
El funcionario aseguró que la cartera sanitaria se encuentra trabajando en mecanismos de evaluación y financiamiento para dar respuesta a estos casos, al tiempo de garantizar la provisión regular de medicamentos dentro del sistema público.
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