Un grupo de periodistas argentinos realizó una investigación que reveló una supuesta campaña de espionaje ruso denominada «La Compañía».
Según el informe, este grupo habría financiado con 300 mil dólares a diversos medios y periodistas locales para desacreditar políticamente al gobierno de Javier Milei, sus políticas económicas y a la Casa Rosada mediante la publicación de artículos escritos por autores fantasmas.
El presidente Milei se pronunció al respecto en sus redes sociales, calificando el hecho como una grave crisis institucional y prometiendo identificar a todos los involucrados.
«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal», aseguró el jefe de Estado.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, respaldó la denuncia, afirmando que su cartera ya tenía sospechas previas sobre estas operaciones.
Según surge de documentos filtrados analizados por un consorcio de medios de investigación, entre junio y octubre de 2024 se habrían pagado al menos 283.100 dólares por más de 250 artículos periodísticos, análisis y columnas de opinión publicados en alrededor de veinte portales digitales del país.
La información fue replicada por medios internacionales como El País y se basa en 76 documentos internos, con un total de 1.431 páginas, filtrados inicialmente por el medio sudafricano The Continent. El material luego fue trabajado por un consorcio integrado por Forbidden Stories, Open Democracy, medios franceses y periodistas independientes.
Uno de los participantes argentinos en la investigación fue el periodista Santiago O’Donnell, de Página/12 y del sitio Filtraleaks, quien explicó que se incorporó al trabajo cuando detectó referencias a Argentina en publicaciones previas del consorcio sobre campañas de propaganda en otros países de América Latina y África.
Según detalló, varios de los artículos investigados no tenían firma y otros aparecían atribuidos a autores desconocidos o identidades posiblemente falsas, algunas presuntamente generadas con inteligencia artificial. Además, afirmó que al consultar a responsables editoriales de distintos medios, en varios casos no pudieron explicar con claridad cómo habían llegado esos contenidos ni quién los había autorizado.
O’Donnell remarcó que la investigación no fue impulsada por la coyuntura política argentina, sino que forma parte de una serie internacional de publicaciones que el consorcio viene desarrollando desde hace meses sobre operaciones de desinformación en distintos países.
También señaló que no puede demostrarse con certeza quién cobró efectivamente ese dinero: si fueron periodistas, medios o intermediarios. Según la documentación analizada, cada pieza publicada habría costado entre 350 y 3.100 dólares.
El periodista sostuvo además que este tipo de operaciones no serían exclusivas de Rusia. En la entrevista mencionó que servicios de inteligencia de otros países, como Estados Unidos, China, Irán y Reino Unido, también desarrollan tareas de influencia política y mediática en distintos lugares del mundo.
El caso vuelve a poner en debate el impacto de las campañas de desinformación, el uso de inteligencia artificial en la producción de contenidos y la necesidad de reforzar los controles sobre el origen de la información publicada en medios digitales.
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