El abogado José Ramón Bogado Cardozo presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia contra el juez laboral Rubén D. López Ocampos, a quien acusa de incurrir en trato discriminatorio y de dilatar indebidamente un proceso judicial en su contra.
La presentación se refiere al expediente “José Ramón Bogado Cardozo c/ Entidad Binacional Yacyretá s/ reintegro al trabajo y cobro de guaraníes”, iniciado en 2019, en el que el denunciante solicita una auditoría de gestión. Según el escrito, el magistrado habría actuado con parcialidad y motivaciones personales, presuntamente vinculadas a una denuncia previa que Bogado Cardozo realizó contra una exsuperiora del juez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Entre los hechos señalados, el abogado sostiene que, pese a que la Corte Suprema de Justicia ya habría emitido una resolución definitiva, el juzgado no dictó la providencia de “cúmplase” en tiempo oportuno. Asimismo, afirma que, tras recusar al magistrado, este elevó rápidamente un informe al Tribunal de Apelación, mientras que otras actuaciones habrían sido postergadas.
El denunciante también menciona la intervención de la jueza Alejandra Magalí Zavala de Biederman, quien —según su versión— adoptó medidas que el juez cuestionado no había realizado previamente.
En su presentación, Bogado Cardozo alega que ha acudido reiteradamente al juzgado sin obtener respuestas y denuncia un “retardo de justicia” en un proceso que lleva más de tres años. Además, sostiene que existiría un trato desigual en favor de la contraparte, la Entidad Binacional Yacyretá.
En ese contexto, el denunciante informó que se ha formalizado una presentación ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo representación diplomática, en la que se exponen hechos que involucran al asesor jurídico de la entidad, Eduardo González, al abogado Jorge Bogarín y a dos magistrados del fuero laboral.
El escrito también incluye versiones sobre presuntos vínculos entre el juez denunciado y profesionales relacionados con la entidad demandada, lo que —según el denunciante— podría comprometer la independencia judicial. Estas afirmaciones no cuentan, hasta el momento, con confirmación oficial.
La denuncia fue remitida además a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema, así como a instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a representaciones diplomáticas.
El abogado sostiene que el caso trasciende el ámbito nacional y advierte sobre un eventual impacto en la imagen del sistema judicial paraguayo, al tiempo que solicita la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
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