El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al alcalde de la capital del estado, Juan de Dios Gámez, han decidido separarse de sus funciones de manera temporal mientras la Fiscalía General de México avanza en las indagaciones sobre las acusaciones formuladas por la fiscalía de Nueva York en relación al narcotráfico y la tenencia ilícita de armas.
La separación se dio a conocer horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazara las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios mexicanos que fueron solicitados por Estados Unidos, argumentando que no existían motivos ni fundamentos suficientes para la urgencia de dicha medida.
Las solicitudes de licencia para la separación temporal fueron presentadas cerca de la medianoche del viernes. Tanto Rocha Moya como Gámez, ambos del partido gobernante Morena, buscan facilitar las investigaciones que se iniciaron en México a raíz de las acusaciones que se hicieron públicas esta semana en Estados Unidos.
Las licencias fueron enviadas al Congreso estatal y al Cabildo de Culiacán, quienes se encargarán de designar a sus respectivos sustitutos. En este contexto, Ana Miriam Ramos Villarreal, actual síndica procuradora, fue nombrada como alcaldesa interina de Culiacán.
El miércoles, la fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación que involucra a Rocha Moya, Gámez y a otros ocho funcionarios mexicanos, incluyendo un senador de Morena, el vicefiscal de Sinaloa y varios policías, tanto activos como retirados, acusándolos de ser piezas clave para el Cártel de Sinaloa en la introducción de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
«No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco», afirmó Rocha Moya a través de sus redes sociales, reafirmando su inocencia y calificando las acusaciones de «falsas y dolosas».
La acusación detalla que los funcionarios mencionados han estado involucrados en la violencia y represalias del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de EE.UU.
La FGR ha indicado que no ejecutará las detenciones provisionales solicitadas por Estados Unidos, afirmando que «no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia» que sustente dicha medida cautelar. El titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, comunicó que las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses no acreditan un delito que justifique la detención.
Tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como la FGR han solicitado a Estados Unidos que envíe pruebas que respalden las acusaciones. En este sentido, Jiménez Vázquez anunció que la cancillería mexicana solicitará las pruebas, documentos y argumentos necesarios para fijar una nueva posición.
En paralelo a las acciones de las autoridades estadounidenses, la FGR también ha comenzado su propia investigación sobre el caso. Durante una conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que no enfrenta una crisis política por el proceso judicial contra Rocha Moya y otros miembros de su partido, reafirmando su compromiso con la seguridad de México y la cooperación con Estados Unidos, aunque subrayó que «nunca nos vamos a subordinar porque esto es un asunto de dignidad del pueblo de México».
Fuente: AFP
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