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domingo, diciembre 22, 2024
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Hallazgo de una granja de criptominería clandestina en una propiedad que sería de un exdiputado

La Administración Nacional de Electricidad, en forma conjunta con el Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional, llevó a cabo una importante intervención de un suministro con conexión directa a las redes de Media Tensión de la Institución, el cual se encuentra en un camino vecinal de la localidad de Yarigua’ami, distrito de Sapucai, Departamento de Paraguarí. Diego Fernández, asesor jurídico de la ANDE, habló sobre el caso.

La propiedad pertenecería al exdiputado colorado Miguel Cuevas en Paraguarí, con el número de NIS: 2892426, y está registrado en el sistema de la ANDE.

Luego de obtener la orden de allanamiento emitida por el juez, la Abog. Susan Domeneches, se procedió a ingresar al local donde se constató un transformador de 3.150 kVA y se confirmó la producción de criptominería al encontrar 396 máquinas procesadoras de criptomonedas, las cuales fueron incautadas y serán trasladadas al predio de la Fiscalía de Paraguarí. Asimismo, el transformador de potencia será llevado a la Agencia Regional Paraguarí para su resguardo, como prueba para la investigación sobre el delito de sustracción de energía eléctrica.

Con esta intervención, se estima un daño patrimonial mensual de G. 873.000.000 (con base en la capacidad del transformador), y el suministro tenía una facturación promedio en torno a Gs. 500.000, y la identificación fue posible gracias a la utilización de herramientas tecnológicas, mediante software de Inteligencia Artificial (IA), el sistema SCADA de Distribución y parámetros eléctricos de equipos de medición y control de última tecnología. Estas herramientas permitieron identificar la zona sospechosa para su verificación e intervención por parte de los técnicos de la Institución.

Como parte del procedimiento establecido, la ANDE presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274) según el Código Penal.

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