En un esfuerzo por aumentar la conciencia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, una delegación nicaraguense ha estado reuniéndose con autoridades y actores políticos en Argentina esta semana.
Según el portal de Infobae, entre ellos se encuentran Juan-Diego Barberena, investigador y abogado de 28 años, y Tamara Dávila, activista y defensora de Derechos Humanos de 43 años que fue presa política y liberada con el grupo de los 222, antes de ser desnacionalizada y expatriada por el régimen Ortega-Murillo.
Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y del Directorio Político de la Concertación Democrática Nicaragüense Monte-Verde, habló con el pedio Infobae sobre la misión de la delegación y los desafíos que enfrenta su país.
“Esta es una delegación que se estuvo barajando desde hace ya unos seis meses, un poco más incluso, para venir a Sudamérica”, dijo Barberena, que estuvo en Buenos Aires entre el 30 de junio y 2 de julio.
Durante su visita, la delegación ha mantenido reuniones con diversas figuras. «Por ejemplo, estuvimos hablando con el presidente del Comité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados», contó Barberena, en referencia a Fernando Iglesias. También destacó la reunión con Darío Richarte, abogado que ha acusado a Daniel Ortega y varios funcionarios públicos de crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción universal en Argentina.
El objetivo principal de estas reuniones es colocar nuevamente el tema de Nicaragua en la agenda internacional: “Es sumamente importante que no se deje de lado la denuncia constante de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”.
La delegación forma parte de una alianza política amplia y diversa. “Nosotros somos parte de una concertación, es decir, de una alianza política en donde hay organizaciones, partidos políticos, movimientos sociales de distintas tendencias políticas, ideológicas”, comentó. Barberena, quien se identifica con una postura más progresista y socialdemócrata dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, destacó la pluralidad de la organización.
Uno de los puntos centrales de su propuesta en Buenos Aires es la rendición de cuentas por parte del régimen Ortega-Murillo. “Hemos propuesto lo siguiente acá en Argentina: acudir a la Corte Internacional de Justicia para demandar al Estado de Nicaragua por violación al convenio de Apatridia. 316 personas han sido despojadas de su nacionalidad, declarados traidores a la patria”.
La situación de apátrida es uno de los temas más urgentes. “En ese sentido, hemos estado hablando con estos actores de la posibilidad de encontrar un patrocinador procesal, es decir, un Estado que puede interponer la demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Nicaragua”, agregó Barberena.
Fuente: Infobae
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