El ex presidente de Petropar declaró activos muy superiores a los ingresos que podía justificar. El informe también detecta déficit financiero, rectificaciones tributarias posteriores a las observaciones y movimientos millonarios en efectivo.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias relevantes en la situación patrimonial del ex presidente de Petropar, Eddie Jara, y resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la posible existencia de irregularidades o enriquecimiento indebido.
1000 Noticias accedió al documento íntegro que forma parte de la denuncia.
Se trata de un informe de casi 200 páginas que detalla los movimientos realizados por Jara.
El informe del organismo de control concluye que los activos financieros declarados por Jara en su declaración jurada de bienes de 2023 superan ampliamente lo que puede explicarse con sus ingresos declarados.
Según el análisis de la Contraloría, el dinero consignado en su declaración jurada es 6,7 veces mayor que la capacidad acumulada de generación de ingresos que surge de sus declaraciones impositivas originales.
Entre los activos declarados figuran G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en cuentas a cobrar, montos que, de acuerdo con el organismo de control, no guardan relación con los ingresos que el propio Jara había reportado ante el sistema tributario.
Rectificaciones tributarias después de las observaciones
El informe señala además que, luego de recibir las observaciones de la Contraloría, el ex titular de Petropar presentó cinco declaraciones impositivas rectificativas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Estas modificaciones fueron presentadas todas el mismo día, el 18 de enero de 2026, es decir 37 días después de que se le comunicaran las inconsistencias detectadas. De acuerdo con el análisis de la DNIT, las rectificaciones tuvieron carácter reactivo, lo que significa que fueron realizadas después de que surgieran las observaciones del órgano de control.
En esas modificaciones aparecen cambios muy significativos en la información tributaria presentada originalmente. El informe menciona, por ejemplo, que los egresos declarados para el año 2020 fueron reducidos en un 99,3%, mientras que los ingresos del ejercicio 2023 fueron incrementados en un 482,6%, variaciones que ahora deberán ser analizadas en profundidad por la administración tributaria y eventualmente por la justicia.
Un flujo de dinero que no cierra
La Contraloría también realizó un análisis detallado del movimiento financiero de Jara durante 28 meses, entre agosto de 2023 y noviembre de 2025, cruzando información proveniente de once fuentes diferentes.
El resultado de ese estudio muestra un desequilibrio financiero persistente.
Incluso en el escenario más favorable analizado por los auditores, aparece un déficit superior a G. 1.135 millones.
En términos prácticos, el informe explica que el nivel de gastos, inversiones y pagos realizados supera de manera constante los ingresos que pueden acreditarse. El indicador utilizado por los auditores revela que por cada G. 1.000 que ingresaban, se registraban egresos por aproximadamente G. 1.210, lo que generó una estructura financiera considerada insostenible. Según el informe, las cuentas pasan a terreno negativo en febrero de 2025 y ya no vuelven a recuperarse.
Operaciones millonarias fuera del sistema financiero
Otro elemento que llamó la atención del organismo de control es la existencia de operaciones por montos elevados realizadas en efectivo, fuera del sistema financiero formal.
El informe menciona movimientos que superan G. 1.036 millones en dinero en efectivo, lo que dificulta el seguimiento del origen y destino de esos fondos. A esto se suma que Jara contrató tres préstamos personales por un total cercano a G. 1.690 millones, aunque incluso con esos créditos el flujo de dinero analizado por la Contraloría continuó mostrando un déficit significativo.
Para los auditores, el conjunto de estos elementos revela un nivel de gastos y movimientos financieros que no resulta compatible con los ingresos que pueden verificarse a partir de la información tributaria disponible.
El caso pasa a la Fiscalía
La Contraloría explicó que, de acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley N.º 6919, su función es comparar las declaraciones juradas presentadas al asumir y al dejar el cargo para determinar si existe correspondencia patrimonial.
En el caso de Jara, sin embargo, solo existe una declaración jurada correspondiente a su periodo en funciones, presentada el 3 de septiembre de 2023, por lo que no es posible emitir un dictamen definitivo de correspondencia patrimonial.
No obstante, la ley también faculta al organismo de control a remitir los antecedentes al Ministerio Público cuando los controles revelan indicios de irregularidades o posible enriquecimiento indebido.
Sobre esa base, la Contraloría resolvió enviar el informe a la Fiscalía, señalando que el análisis detectó una brecha patrimonial significativa, rectificaciones tributarias posteriores a las observaciones, movimientos relevantes en efectivo y un déficit financiero persistente que no logra explicarse con los ingresos declarados.
Las conclusiones del informe se basan en la información consignada bajo fe de juramento en las declaraciones patrimoniales del propio Jara, así como en datos proporcionados por organismos públicos y entidades privadas que respondieron a los requerimientos del organismo de control durante el proceso de análisis.
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