El presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Antonio Ocampos Giménez y el procurador general de la República, Marco Aurelio González, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra los abogados de la empresa estatal.
La acción, presentada este martes en el Palacio de Justicia de Asunción, apunta a una indemnización de G. 5.000 millones más intereses, debido a la negligencia que resultó en la caducidad de varios expedientes civiles en perjuicio del Estado.
El abogado demandado es Miguel Ángel Peña, quien prestaba servicios legales para Capasa. Según la acción promovida, Peña habría dejado que varias causas civiles caducaran, afectando directamente los intereses del Estado paraguayo. Como resultado, la Procuraduría General de la República (PGR), representada por Marco Aurelio González, exige compensación económica por los daños ocasionados.
El titular de la PGR afirmó que la demanda busca “una indemnización por daños y perjuicios de G. 5.000 millones más intereses” y advirtió que la negligencia no será tolerada. “Es un mensaje para todos los abogados”, señaló, indicando que las acciones legales serán tomadas contra cualquier abogado que cometa impericia en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el presidente de Capasa, José Ocampos, mencionó que los hechos en cuestión ocurrieron hace más de 10 años, y que la demanda ha pasado por varios niveles del Poder Judicial. “Queremos dejar un precedente de que nosotros demandamos a nuestro propio abogado por indemnización para que entiendan que no se puede causar perjuicio a una empresa pública y luego irse sin consecuencias”, enfatizó.
Ocampos también destacó que la decisión de proceder con esta demanda busca enviar un mensaje contundente sobre la corrupción en las empresas públicas. “El festín en las empresas públicas ha terminado; la cadena de corrupción es algo que queremos olvidar”, declaró, refiriéndose al proceso judicial impulsado contra el abogado Miguel Ángel Peña.
El titular de Capasa afirmó que buscan establecer una señal fuerte de que no se permitirá que los abogados dejen prescribir los juicios en la función pública para luego repartirse beneficios con los abogados de la contraparte. “Queremos dar un mensaje a la ciudadanía de que aquel Paraguay antiguo y corrupto ha terminado”, agregó.
Ocampos también mencionó que, en el pasado, se realizaban acciones sin respaldo, incluyendo préstamos de la empresa a sus propios directivos. “Nosotros, como empresa, finalmente dejamos prescribir y caducar la acción para hacer un festival de ‘arcos libres’ con los abogados de la contraparte”, indicó.
Fuente: El Observador, ABC Color, RDN
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