El Gobierno de derecha de Giorgia Meloni va a poner en práctica la «mano dura» que siempre prometió a sus electores para poner orden. Por ejemplo, será delito penal castigado con hasta dos años de cárcel cortar carreteras o vías férreas, aunque sea de forma pacífica, algo frecuente en protestas sindicales o ecologistas y que hasta ahora acarreaba una sanción administrativa. También lo será resistirse pasivamente a un agente en la cárcel o en un centro de acogida de migrantes.
Una de las propuestas más polémicas incluidas en las reformas es la posibilidad de implementar la castración química para agresores sexuales. Impulsada por «La Liga», el partido liderado por Matteo Salvini, esta medida fue objeto de una profunda discusión.
Por el momento, se creó una comisión técnica para evaluar su viabilidad, y su implementación dependerá de la aceptación voluntaria por parte de los condenados. A cambio, los agresores sexuales que opten por este tratamiento podrían ver suspendida su pena de prisión de manera condicional.
Sin embargo, las reacciones a estas medidas fueron diversas. Mientras algunos sectores de la sociedad italiana aplauden el enfoque más rígido del gobierno, en especial ante el aumento de la criminalidad y la percepción de inseguridad, otros advierten sobre los peligros que supone restringir derechos civiles.
Diversos analistas políticos señalaron que este tipo de políticas podrían aumentar la represión y crear un clima de tensión social en un país que ya enfrenta importantes desafíos internos. Las reformas promovidas por Giorgia Meloni podrían cambiar la dinámica del orden público en Italia, pero el debate sobre su legitimidad y eficacia sigue abierto.
Otra de las medidas criticadas se refiere a la penalización de la “resistencia pasiva”, tanto en centros penitenciarios como en los de acogida de migrantes. Según el nuevo decreto, quienes participen en revueltas, utilizando violencia, amenazas o resistencia, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cinco años de cárcel. Esto llega en un contexto de alta tensión en las cárceles italianas, que enfrentan problemas de hacinamiento y deterioro, con 61.840 reclusos en instalaciones diseñadas para 46.929, y 72 suicidios registrados en lo que va del año.
El País-España
