La Fiscalía de Bolivia confirmó este lunes que se presentó una «imputación formal» en contra del expresidente Evo Morales por el «delito de trata de personas agravado» y se solicitó la alerta migratoria.
La fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez indicó que se presentó «una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado» y que están a la espera de que «el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares».
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, además, en el proceso se señaló que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al exmandatario a cambio de «favores». La fiscal afirmó que también se solicitó la alerta migratoria para Pozo.
Una orden de aprehensión en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre y no pudo ejecutarse por varias razones, como consta en «muchos informes» que recibió de la Policía en los cuales se reporta que no fue posible dar con su paradero.
«Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí», explicó la fiscal.
Además, los policías informaron que trataron de buscar en otros domicilios y, luego de «labores de vigilancia», el exmandatario «no se encontraba habitando esos lugares».
Cuando se emitió la orden de captura para Morales, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras por 24 días especialmente en el centro del país para defenderlo, una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, mencionó Gutiérrez.
Y otras de las razones por las que no se ejecutó la orden de aprehensión fue por proteger a los agentes de seguridad, debido a que durante el bloqueo de carreteras algunos de ellos fueron brutalmente golpeados y heridos.
«A pesar de las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos», concluye un informe de la Policía, leído por la fiscal.
Y precisó al respecto: «acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que fue ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones ante el juez».
Fuente: EFE
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