El Ministerio de Justicia informó que a partir del año 2024, a través de su Dirección de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo, está trabajando en un proyecto para clasificar los perfiles de riesgo de seguridad de las personas privadas de libertad (PPL), y proceder así a la reubicación de las mismas, considerando también la separación entre condenadas y procesadas, enmarcando estas acciones en el plan del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que impulsa el Gobierno.
La secretaría estatal destacó que marcando un hito nacional implementó un instrumento para el sistema de evaluación de riesgos y necesidades de seguridad para la clasificación de PPL, una iniciativa que surge de la asistencia técnica de la cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en un proyecto regional de la oficina del Brasil.
El objetivo es contribuir a facilitar las condiciones para la reinserción social de los condenados, reduciendo también los índices de delincuencia intramuros y mitigando factores que inciden en la reincidencia.
A los efectos, fue conformado el equipo que empezó la implementación de la clasificación de PPL, en los centros penitenciarios de Minga Guazú y en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada.
Mirando el Parte Diario del sistema, actualmente, en régimen de máxima seguridad, 86 PPL se encuentran recluidas en el penal “Martín Mendoza”, lo que significa un 100% de su capacidad en esta modalidad de régimen.
El trabajo fue realizado por un equipo institucional interdisciplinario, que involucra a trabajadores sociales, abogados, sicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, agentes de seguridad y monitores de DDHH, a fin de obtener una visión lo más completa posible de la PPL.
Fueron evaluados factores clave de las PPL, como los sociales, familiares, culturales, educativos, de salud, sicológicos, proyección para el futuro, aptitudes para desarrollar actividades laborales o de formación.
Previo estudio de los protocolos de seguridad y en base a lo establecido en el Código de Ejecución Penal, se elevó un dictamen sobre la implementación del régimen cerrado especial de máxima seguridad para la privación de libertad de personas de alto riesgo, con la recomendación de modificaciones en el proyecto de ley.
Se suma, la contribución de la dirección es el aporte en varias mesas técnicas de trabajo para elaboración, estudio y análisis de instrumentos legales como el proyecto de modificación del Código Penal para el aumento del marco penal en los delitos contra la indemnidad sexual en niños y adolescentes.
Asimismo, se integraron las mesas de trabajo para el estudio de la modificación de la Ley N° 1340 que reprime el tráfico ilícito de drogas, entre otros.
De igual manera, se ejerció representación en capacitaciones virtuales técnico jurídicas para fortalecimiento del marco normativo del Paraguay en Programa Regional para el Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautados y Precursores Químicos (STAND/UNODC).
En otro momento, se compuso la mesa de trabajo para la elaboración de los lineamientos del protocolo para el ingreso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en los centros penitenciarios del país.
Así, se elevó dictamen sobre asistencia a niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar.
Entre otros aportes, la Dirección de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo fue parte fundamental en el proceso previo a la aplicación de las tobilleras electrónicas.
Sobre el punto, la dirección trabajó en la elaboración y revisión del protocolo de actuación, y el reglamento para el funcionamiento de la oficina interinstitucional de control para la implementación de los dispositivos electrónicos.
Fuente: Ministerio de Justicia
