Los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión iraní-venezolano, al no poder acreditarse que el negocio realizado por TABESA haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo.
Afirman que según el «cúmulo de evidencias no existe asociación a la que pertenezcan los tripulantes y las empresas con asociación terrorista y financiamiento del terrorismo».
Cabe recordar que la aeronave había aterrizado en Paraguay en mayo del 2022 y cuyos tripulantes son considerados por Estados Unidos como parte de Al Quds, un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El avión es propiedad de la empresa Emtrasur, la división logística y de transporte de carga de la empresa venezolana Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
