La Inspectoría General del Ministerio Público dispuso la apertura de un sumario administrativo contra la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina, tras las denuncias formuladas en su contra, que fueron publicadas en un medio de comunicación.
De acuerdo con las declaraciones del abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, la mencionada funcionaria estaría vinculada a un supuesto grupo de coacción, junto con agentes antidrogas de la SENAD, y habría exigido una suma de dinero al legislador a cambio de no filtrar información en su contra.
Asimismo, se investiga su presunta participación en operativos en los que habría incurrido en irregularidades, como el allanamiento a la vivienda del hijo del diputado, donde, según los denunciantes, se la escuchó dando órdenes para que lo asesinen. También se analiza su papel en los procedimientos «Pavo Real» y «Pavo Real II», en los que Eulalio Gomes era investigado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico.
En el marco de la investigación administrativa, se analizarán posibles faltas administrativas como uso indebido de influencias, cohecho, filtración de información reservada, obstrucción de operativos y conducta indebida en procedimientos. Estos hechos, de ser comprobados, constituirían violaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento Interno vigente.
La Inspectoría General del Ministerio Público ha ordenado la notificación de la funcionaria, emplazándola por un plazo de diez días para presentar su descargo y las pruebas que considere pertinentes. El caso ha sido caratulado como «Sumario administrativo instruido a la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina por la supuesta comisión de faltas administrativas».
Fuente: Ministerio Público
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