La Comisión Central del Partido de la Libertad (VPL), mediante un comunicado, expresó su «más enérgico repudio» por el fuerte operativo policial que impidió la realización de una representación teatral por los ocho años de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana y el 31M.
Argumentan que la manifestación o protesta es un derecho humano, derivado de la libertad de expresión y la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos, el «goce de derechos fundamentales entre los que destacamos el de la Vida y a la Integridad Física (Art. 4), la Libertad y Seguridad Personal (Arts. 9 y 12), la Libertad de Expresión (Art. 26), la Libertad de Reunión y Manifestación (Art. 32), la Libertad de Movimiento (Art. 41) y sobre todo, la Igualdad ante la Ley (Art. 46)».
Señalan «la recurrente violación a las normas constitucionales, la manipulación de la justicia para alinearla a sus fines, restricciones a libertades básicas, así como la represión policial contra opositores, desde el impulso a la enmienda inconstitucional que procuró la reelección del expresidente Horacio Cartes (2017), descartada luego de la muerte de Rodrigo Quintana, hoy regresa con el gobierno de Santiago Peña, quien debe gobernar para todos los paraguayos, no sólo representar los intereses de su líder».
Los miembros del PLRA anunciaron una denuncia penal contra el comisario Mario Ovelar, quien encabezó el bloqueo en la explanada del Palacio de Justicia. Apuntaron que «el atropello de los derechos ciudadanos perpetrado por el comisario Mario Ovelar, debe derivar en una sanción ejemplar».
«Nadie puede situarse por encima de la Carta Magna, ni siquiera el gobierno, que a través del Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional, está obligado a garantizar el goce y ejercicio de las libertades consagradas en la Constitución Nacional a todos los ciudadanos, incluyendo las manifestaciones y expresiones que no sean de su agrado», concluye el manifiesto de la Comisión Central del Partido de la Libertad.
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