El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.
Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2024, a las 08:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú. En esa ocasión, la sindicada se presentó en la entidad bancaria y presuntamente extrajo la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, quien le había otorgado un poder especial en su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1954 a 1989, con el fin de gestionar el cobro de una indemnización estatal.
La víctima de estafa había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.
Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.
Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de septiembre de 2024, realizó un giro por valor de 15 millones de guaraníes a través del servicio de Western Union. No obstante, la víctima no recibió el resto del monto que le correspondía por la indemnización en cuestión.
A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
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