Un hecho estremecedor sacude a la comunidad de Isla Saka, distrito de Fulgencio Yegros, Departamento de Caazapá, donde la Policía Nacional detuvo a un joven identificado como Marcelo Giménez Duarte, de 24 años, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña, cuya identidad y causa de muerte aún no fueron oficialmente reveladas por las autoridades.
La detención se produjo en la noche del lunes 21 de julio, alrededor de las 22:00 horas, en la vía pública de la compañía Isla Saka, jurisdicción del distrito de Fulgencio Yegros. El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Subcomisaría 05ª local, quienes reconocieron al sujeto como el principal sospechoso debido a sus antecedentes penales y su vínculo directo con la víctima.
El comisario principal Marcos Velázquez, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional en el Departamento de Caazapá, en entrevista con Radio 1000, detalló que Giménez Duarte se encontraba bajo libertad condicional desde el 30 de abril de 2025, tras haber sido condenado por un caso anterior de abuso sexual infantil, ocurrido en mayo del 2022 contra la misma niña. En aquel entonces, la denuncia fue presentada por la madre de la menor, Griselda Noemí Dávalos, quien sindicó directamente al ahora detenido como autor del hecho.
El jefe policial señaló que la presunta responsabilidad del principal sospechoso cobra aún mayor fuerza debido a que la madre de la niña comentó a los intervinientes que este, cuando había sido condenado, amenazó con tomar represalias.
Luego de ser aprehendido en 2022, Giménez Duarte fue remitido a la Penitenciaría Regional de Villarrica. No obstante, a poco más de dos años, obtuvo libertad condicional bajo condiciones estrictas: prohibición de salir del país, portar armas, ingerir bebidas alcohólicas y acercarse a la víctima. Estas restricciones fueron impuestas por el Juzgado de Ejecución de Caazapá, que hoy es duramente cuestionado por la comunidad.
El comisario Velázquez refirió que el hombre fue aprehendido en su domicilio y subrayó que por disposición del fiscal interviniente, Carlos Ramírez, se lo envió a una sede policial fuera de la jurisdicción, a fin de evitar posibles represalias por parte de los vecinos.
El caso reaviva la preocupación sobre la reincidencia en delitos sexuales y la aparente ineficiencia del sistema judicial para proteger a las víctimas. La tragedia ha generado gran conmoción en la zona y alimenta el debate sobre las decisiones judiciales que permiten que condenados por abusos sexuales queden nuevamente en libertad.
Actualmente, el caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que deberá determinar las causas exactas del fallecimiento de la niña y la eventual responsabilidad penal del detenido. Mientras tanto, la indignación crece entre los pobladores, que exigen justicia y medidas más firmes contra los agresores sexuales reincidentes.
Fuente: Radio Dinámica
Discussion about this post