En consonancia con las políticas antimigratorias de su aliado Donald Trump, el gobierno de Javier Milei celebró un nuevo récord histórico de casi 5.000 extranjeros expulsados o no admitidos en Argentina durante los últimos dos meses.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con un estilo digital similar al de su par estadounidense Kristi Noem, quien dirige el controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunció en redes sociales que «tuvimos récord histórico» de extranjeros expulsados, no admitidos, capturados y extraditados.
«En diciembre fueron 2.400 y en lo que va de enero 2.300. Calentito el verano», expresó Monteoliva en X. «Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, ¡afuera!». Las autoridades no proporcionaron información sobre las nacionalidades de los expulsados.
Según los últimos datos oficiales, en 2024 fueron expulsados 620 extranjeros. Desde que asumió en 2023, el presidente Milei ha endurecido las políticas migratorias. El mandatario argentino es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han implementado medidas estrictas hacia los migrantes.
A través de decretos, Milei determinó que la ciudadanía argentina ya no se tramitará en la justicia, sino ante la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Además de facilitar la deportación de extranjeros que cometieron delitos, Argentina dispuso en 2025 que los inmigrantes ilegales y residentes temporales deban pagar por los servicios de salud públicos, que hasta ese momento eran gratuitos para ellos. También se habilitó a las universidades nacionales a establecer «aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios».
Según el último censo oficial de 2022, cerca de dos millones de personas nacidas en otros países residían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población. Organismos humanitarios han señalado que es complicado determinar la cantidad de inmigrantes ilegales en el país, aunque los distintos programas de regularización han permitido poner en regla la situación de alrededor de un millón de personas en los últimos 20 años.
En paralelo al anuncio de las expulsiones, el Ministerio de Seguridad realizó un control migratorio inusual en La Matanza, el suburbio más poblado de la provincia de Buenos Aires.
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