La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (OTEP-A) exigió a la Contraloría General de la República (CGR) una rectificación pública del informe que menciona a 1.090 funcionarios y profesionales cuyos títulos universitarios no fueron confirmados. El gremio cuestionó que todos los casos hayan sido incluidos en una misma lista sin distinguir las posibles situaciones particulares.
En un comunicado difundido este lunes, la organización expresó su respaldo a los trabajadores afectados, entre ellos docentes que, según señaló, culminaron sus carreras universitarias conforme a las normativas vigentes, con esfuerzo económico y sacrificio personal.
En entrevista con Radio 1000, Jorge Arévalos, secretario general adjunto de la OTEP-A, sostuvo que resulta irresponsable presentar todos los casos de manera conjunta, sin diferenciar las circunstancias de cada profesional.
“Lo que nosotros consideramos irresponsable es que todos estén en un mismo listado”, manifestó.
Arévalos señaló que muchos docentes invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para obtener sus títulos, por lo que consideró que eventuales errores administrativos o negligencias de las universidades no deberían atribuirse automáticamente a los egresados.
Asimismo, reconoció que podrían existir diferentes situaciones entre las personas incluidas en el informe. Indicó que algunos casos podrían estar relacionados con fallas administrativas de las instituciones educativas, mientras que otros requerirían una investigación más profunda sobre la eventual existencia de irregularidades en la expedición o certificación de los títulos.
En su pronunciamiento, la OTEP-A solicitó a la Contraloría y a las demás instituciones involucradas que actúen con transparencia, seriedad y responsabilidad en la verificación documental. El sindicato advirtió que la difusión de información sin las debidas precisiones puede afectar la reputación, la estabilidad laboral y la trayectoria profesional de personas que cuentan con documentación en regla.
La organización también aclaró que, si se comprueba la existencia de títulos irregulares, deberán aplicarse las medidas correspondientes conforme a la ley, pero sin generalizaciones que perjudiquen a personas inocentes.
Finalmente, anunció que brindará acompañamiento sindical a sus afiliados afectados y que impulsará, junto con ellos, eventuales demandas judiciales en los casos en que se compruebe una exposición mediática irresponsable, manipulación malintencionada o utilización política de la información en perjuicio de profesionales cuya documentación sea legítima.
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