El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó la detención del director del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, Pablo Abel González Apuril, y del jefe de seguridad del establecimiento, en el marco de la investigación por la fuga de dos condenados. El secretario de Estado afirmó que las condiciones de seguridad no se cumplieron y cuestionó las omisiones del personal penitenciario encargado de la vigilancia.
En declaraciones a Radio 1000, Nicora explicó que las detenciones se produjeron tras la recopilación de información por parte de la fiscala Fabiola Sosa, quien encabeza la investigación, y luego de la aprehensión de cuatro agentes penitenciarios que tenían a su cargo el control de los módulos donde estaban recluidos los prófugos.
Según el ministro, los primeros funcionarios detenidos tenían la responsabilidad de realizar las requisas diarias, controlar los módulos y efectuar rondas de vigilancia en el perímetro del establecimiento. Sin embargo, estos procedimientos presuntamente no se cumplieron, lo que habría permitido que la fuga no fuera detectada a tiempo.
Nicora agregó que la información recabada durante las últimas horas, sumada a la incautación del teléfono celular del director de la penitenciaría, llevó al Ministerio Público a disponer la detención de ambos responsables.
“Más que una fuga, es una liberación de presos”
El titular de Justicia cuestionó las fallas en los controles y sostuvo que la infraestructura y la tecnología no son suficientes si no existe un compromiso efectivo del personal encargado de la seguridad.
“El factor humano es determinante muchas veces para evitar este tipo de hechos, al margen de tener buena tecnología, de tener un muro de 12 metros de alto. Si el factor humano no acompaña, muchas veces nos vemos con estos hechos que más que una fuga es una liberación de presos, porque se prestaron todas las condiciones para que efectivamente eso se dé”, manifestó.
El ministro reconoció que situaciones similares también ocurren en sistemas penitenciarios con mayores recursos, pero sostuvo que esa realidad no debe utilizarse para justificar las deficiencias locales.
“Es nuestro desafío”, remarcó, al referirse a la necesidad de elevar los estándares de seguridad y fortalecer la administración penitenciaria.
FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE AGENTES
Nicora también se refirió a las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia para mejorar la selección y preparación de los agentes penitenciarios. En ese sentido, destacó que se encuentra en marcha la formación de un sexto grupo de nuevos funcionarios mediante un proceso que contempla un concurso público de oposición y evaluación de méritos.
El secretario de Estado explicó que, pese a que la ley de emergencia penitenciaria permite la contratación directa de personal, su administración optó por un mecanismo de selección que permita establecer filtros y reducir los riesgos de corrupción dentro del sistema.
“Estamos haciendo todo lo contrario, porque estamos llamando a un concurso público de oposición de méritos para filtrar mínimamente y que ese margen de corrupción se vaya reduciendo”, expresó.
Reconoció que este proceso demanda tiempo, tanto por los trámites administrativos como por la formación de los nuevos agentes, pero consideró que es necesario para mejorar el funcionamiento de las penitenciarías.
Asimismo, mencionó como parte de las políticas de seguridad la habilitación de nuevos centros penitenciarios, el cierre de establecimientos antiguos que ya no reúnen las condiciones necesarias y el traslado de personas vinculadas al crimen organizado a módulos de máxima seguridad.
No obstante, admitió que todavía es necesario continuar con estas medidas y elevar las exigencias para obtener mejores resultados en la administración penitenciaria.
INVESTIGACIÓN POR LA FUGA
La investigación se inició tras la fuga de Ever Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes escaparon durante la madrugada del domingo 25 de octubre del módulo 7 del Centro Penitenciario Martín Mendoza, correspondiente al sector de alta seguridad.
Ozuna López cumple una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro, mientras que Merlo Villalba fue condenado por narcotráfico.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, ambos habrían cortado dos barrotes de una ventana de su celda y utilizado cuerdas improvisadas con sábanas y frazadas para descender por una muralla interna y superar posteriormente el muro perimetral.
Entre los puntos bajo investigación figuran la ausencia de guardias en algunas garitas, la falta de patrullajes en sectores del perímetro y las presuntas irregularidades en la asignación del personal durante la madrugada de la evasión.
También se analiza por qué transcurrieron aproximadamente cinco a seis horas antes de que los funcionarios advirtieran la ausencia de los internos, así como los registros del circuito cerrado y los movimientos de funcionarios que habrían retirado teléfonos celulares del establecimiento.
En paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención administrativa de la penitenciaría y la separación de su director, con el objetivo de determinar las responsabilidades y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Mientras el Ministerio Público busca establecer si existió complicidad o negligencia por parte de los funcionarios, la Policía Nacional continúa con la búsqueda de los dos condenados.
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